En uno de los múltiples foros organizados para evaluar el cierre del año y anticipar riesgos futuros, se le preguntó a Michael Reid, exdirector de The Economist para América Latina, cuál sería el titular que mejor describiría las perspectivas del país. Su respuesta fue inmediata: “Colombia vulnerable”. Argumentó su postura señalando la elevada exposición a factores geopolíticos, los crecientes déficits fiscal y de cuenta corriente, la concentración de la relación comercial, el avance del crimen organizado, el deterioro de la seguridad, la fragmentación del sistema político, la debilidad de los partidos y el desempeño fallido de los gobiernos de la última década, que desaprovecharon oportunidades en un entorno internacional cada vez más exigente.
En línea con este diagnóstico, el peso de Estados Unidos y el uso de los aranceles como herramienta política, combinados con los estilos de liderazgo de Donald Trump y Gustavo Petro, configuran escenarios particularmente complejos para Colombia. El incierto desarrollo de las tensiones frente a Venezuela —si Washington no logra forzar una salida pacífica de Nicolás Maduro— podría impactar de manera negativa el clima político interno. Además, un renovado interés de EE. UU. por intervenir en la región podría avivar discursos nacionalistas y profundizar la polarización que hoy atraviesa el país.
Más preocupante aún es el fortalecimiento del crimen organizado. Como se ha advertido en otras ocasiones, hoy estas estructuras ya no actúan en la sombra: la violencia dejó de ser excepcional y se ejerce con preocupante normalidad. Se consolidan organizaciones que controlan amplias zonas del territorio, mientras se multiplican las bandas dedicadas al hurto, el sicariato y la extorsión, al tiempo que clanes políticos desvían recursos públicos. Todo esto alimenta una sensación generalizada de desprotección: el Estado aparece debilitado, distante de su obligación de garantizar la seguridad, los derechos básicos y la administración de justicia.
La fragmentación política se hace evidente en la conformación de listas al Congreso, en la proliferación de aspirantes presidenciales y, en el ámbito local, en los procesos electorales atípicos. Varios partidos se han transformado en vehículos al servicio de ambiciones personales. El negocio de los avales, convertidos en licencias para empresas electorales orientadas a capturar decisiones públicas, ha derivado en desfalcos y en una peligrosa privatización de lo que debería ser colectivo, obstaculizando la posibilidad de trazar rutas de desarrollo y reducir las desigualdades sociales.
El diccionario de María Moliner define vulnerable como “susceptible de recibir daño o perjuicio, o de ser afectado o vencido por algo; débil”. A la luz de nuestra realidad y de los riesgos que con frecuencia preferimos ignorar