Todavía no nos reponemos de los aleves atentados terroristas presentados la semana anterior en la ciudad de Cali y en el departamento de Antioquia, puesto que 20 muertos en un solo día son difíciles de olvidar, a pesar que nosotros como colombianos, lamentablemente estamos acostumbrados al terrorismo puro: el que mata y destruye.
En ese sentido nos preocupa saber que los gestores de la violencia están dispuestos a continuar con sus acciones tendientes a desestabilizar el orden público en el país. Es así, como las autoridades, han logrado establecer en el marco de sus investigaciones que aparte del atentado en Cali, los alzados en armas, tienen listas acciones tendientes a asesinar a la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y al alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Decíamos que a pesar que los atentados terroristas hacen parte de nuestro diario vivir, los que se acaban de registrar nos golpearon duro, en especial con la crueldad y espantosa sangre fría con los que fueron perpetrados.
Pero, aparte de ello, tenemos que esta situación de extrema violencia la estamos afrontando en momentos en que nos encontramos en plenas campañas electorales para el Congreso, Senado y Cámara de Representantes y los comicios presidenciales, procesos democráticos que la verdad sea dicha se encuentran en riesgo ante el acoso de la violencia.
Nos referimos a unos episodios que en especial nos causan alarma aquí en nuestro Departamento de Nariño, donde en los últimos días también se han presentado hechos protagonizados por los alzados en armas, que nos hacen temer por la normalidad en la realización de los elecciones legislativas y presidenciales. No se trata de un temor infundado, ni mucho menos, puesto que estamos viendo como en la cordillera y en la costa Pacífica, se vive un alarmante deterioro de las condiciones de seguridad, ante las acciones de estas organizaciones ilegales, que han llegado hasta el descaro de inaugurar obras en algunas zonas de la geografía nariñense.
La triste realidad es que el costo del terrorismo que estamos padeciendo en estos instantes es bastante caro, ante las graves afectaciones que en diversos frentes le trae al país, acciones como las que se registraron en el Valle del Cauca y en Antioquia.
En efecto, a consecuencia de esos atentados, los graves perjuicios en detrimento de la población, no son solo la muerte y la destrucción, sino que también este terrorismo nos provoca enormes daños en otros sectores. Sobre el particular, en lo que concierne a nuestro departamento de Nariño, tenemos que la confianza empresarial, la inversión y el turismo, tambalean cada vez que se registran estos hechos de violencia, por lo que los efectos negativos provocan grandes perjuicios en esta zona sur del país.
Se trata de una sensación de inseguridad que no sienten solo quienes provenientes de otros países nos visitan, sino que de acuerdo con el sondeo de Colombia Opina, elaborado por la firma Invamer, por primera vez desde el año de 2017, el orden público se constituye en la mayor preocupación de los colombianos, lo cual no es extrañar puesto que los secuestros extorsivos han subido en el presente año a un 90 por ciento en tanto que los atentados terroristas contra los oleoductos se han elevado en el presente año, en un 600 por ciento, mientras que los casos de homicidios se han incrementado en un 4 por ciento.
Ese es el oscuro panorama que nos ofrece hoy Colombia, ad portas de unos procesos democráticos de tanta transcendencia, como lo son las elecciones al Congreso y la presidencia de la República, comicios que, en un momento dado, ante las difíciles situaciones de orden público que se vive en el territorio nacional, se podrían ver en grave riesgo.