Por altas presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de la Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, 13 municipios del departamento de Nariño, continúan en alto riesgo electoral.
Entre ellos, aparecen Cumbal, Cumbitara, El Rosario y la mayoría de la costa Pacífica, por lo que las autoridades electorales exigen una mayor presencia de la Fuerza Pública, en momentos en los que la realización de las elecciones al Congreso, Senado y Cámara de Representantes, va a quedar a tres meses.
Al respecto, la Defensora del Pueblo Iris Marín, confirmó que en total en estos momentos en el paìs, 62 municipios se encuentran en esa situación, por lo que en estos momentos no existen las plenas garantías para la realización de las próximas elecciones,
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que para llegar a ese diagnóstico se hizo un estudio, realizado por más de 100 analistas del organismo, quienes concluyeron que al menos 62 de los más de 1.100 municipios que tiene todo el país, requieren atención inmediata por evidente riesgo electoral, 162 requieren de atención urgente, 425 requieren atención prioritaria.
Exigen acciones
En este sentido, la Defensoría del Pueblo presentó 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que apuntan a una acción coordinada y efectiva por parte de las entidades del Estado.
Una de las recomendaciones más destacada está dirigida al Ministerio del Interior, a quien se le pidió fortalecer la articulación interinstitucional y territorial, en las instancias de garantías electorales.
La Defensoría también le recomendó al Ministerio de Defensa y Fuerza Pública, que velen por la garantía de la seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
Catorce variables
Para la elaboración del mapa de riesgo, la Defensoría del Pueblo tuvo en cuenta 14 variables. Entre ellas, la amenaza, que agrupa las acciones armadas contra la población civil, confinamientos y desplazamientos; y los factores de capacidad y vulnerabilidad institucional, que miden la robustez del Estado para enfrentar estos peligros.
Por su parte, la Defensoría advierte que las alertas sobre la permeación violenta de los procesos electorales han estado presentes durante la última década. Aunque las jornadas de votación han podido realizarse según el calendario establecido, grupos armados y organizaciones criminales “suelen restringir las libertades políticas mediante presiones, prohibiciones o permisos selectivos para realizar proselitismo, financiamiento de campañas y otras acciones que limitan el ejercicio pleno de los derechos y libertades políticas”.
TITULO (RECUADRO)
Niveles de riesgo
De acuerdo con el informe, se clasificó los municipios según cinco niveles de acción requerida:
- Acción inmediata: 62 municipios con alto riesgo, donde se requiere la intervención más urgente del Estado.
- Acción anticipada: 162 municipios con riesgo alto y una probabilidad elevada de alteraciones al orden público.
- Acción prioritaria: 425 municipios con un riesgo sostenido que demanda seguimiento continuo.
- Acción preventiva: 216 municipios con un riesgo medio o fluctuante.
- Acción ordinaria: 257 municipios con bajo riesgo, pero que deben mantener vigilancia constante.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que este trabajo busca “identificar los puntos críticos donde la democracia necesita una respuesta institucional rápida y coordinada”. Marín insistió en que “no podemos descuidar ningún territorio del país; la democracia se defiende todos los días, y cada municipio requiere una atención proporcional al riesgo que enfrenta”.
TITULO (RECUADRO)
Amenazas e intimidaciones en la región
En el informe se indica que las zonas más vulnerables coinciden con regiones donde operan grupos armados ilegales y estructuras criminales dedicadas a economías ilícitas. En departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Arauca, la Defensoría ha identificado patrones de intimidación y amenazas que podrían afectar la participación ciudadana y la seguridad de los candidatos. “Estos riesgos no solo están asociados a la violencia armada, sino también a la cooptación política y al uso indebido de recursos públicos, fenómenos que distorsionan la voluntad popular”, añadió la Defensora del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al Gobierno nacional, la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública y la Procuraduría General para fortalecer la Comisión Nacional de Garantías Electorales, espacio clave para articular respuestas ante estas alertas.