El anuncio de una acción popular contra el nuevo pico y placa que regirá los sábados para vehículos con placa foránea en Bogotá abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre movilidad regional. La medida, programada para entrar en vigencia en 2026, ha sido cuestionada por posibles afectaciones a la igualdad y a los derechos de quienes ingresan diariamente desde municipios aledaños.
El abogado Julián Prada informó que acudirá a esta herramienta jurídica con el argumento de que la restricción discrimina a los conductores de otros municipios y genera impactos económicos y laborales. Según su posición, la norma establece diferencias injustificadas entre ciudadanos y afecta a quienes dependen del vehículo para estudiar, trabajar o desplazarse en la región.
Reacciones de autoridades regionales
La iniciativa recibió respaldo de varios mandatarios locales. El gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de municipios como Soacha y Zipaquirá calificaron la medida como excluyente. Sostienen que Bogotá tomó la decisión sin una articulación previa con los municipios de la Sabana, pese a la relación diaria de movilidad que existe entre estos territorios.
Ante el creciente debate, la Personería de Bogotá instaló una mesa metropolitana con representantes de personerías de Fusagasugá, Soacha, Chía, Cajicá, Facatativá, Madrid, Mosquera y Subachoque. El espacio busca evaluar impactos en movilidad, acceso a servicios de salud, empleo y transporte intermunicipal.
¿En qué consiste el nuevo pico y placa?
La medida propone restringir, dos sábados al mes, la circulación de carros con matrícula fuera de Bogotá. Además, plantea un aumento del 50 % en la tarifa del “pico y placa solidario” para propietarios que no matriculen su vehículo en la capital.
Si la acción popular prospera, la implementación podría suspenderse o modificarse. El debate pone sobre la mesa la tensión entre las estrategias para mejorar la movilidad y la necesidad de garantizar equidad para los usuarios que se mueven entre Bogotá y su región metropolitana.