La polémica que sacude a Colombia desde finales de noviembre de 2025 tiene como epicentro un nuevo choque institucional entre autoridades nacionales y locales, y reaviva el debate sobre el manejo del conflicto armado, la paz y la seguridad. La disputa gira en torno a la captura —y la ulterior liberación— en 2024 de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, supuesto cabecilla de la disidencia de FARC-EMBF, así como de otros miembros de su estructura.
Según un informe reciente del medio periodístico Noticias Caracol, en los dispositivos incautados al grupo habría hallazgos que implican graves vínculos entre la disidencia y altos mandos de instituciones de seguridad del Estado —incluyendo oficiales del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esto no solo reabre la discusión sobre la infiltración de grupos armados ilegales en instancias estatales, sino que también pone en entredicho decisiones tomadas durante operaciones de seguridad.
Qué ha dicho el gobernador
El mandatario del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acusó directamente al presidente Gustavo Petro de mentir sobre los hechos ocurridos en julio de 2024, cuando el Ejército interceptó una caravana —entre Barbosa y Porcecito Nordeste— en la que se movilizaba alias “Calarcá” junto a otros disidentes.
Rendón aseguró que, tras la detención, los disidentes —entre ellos “Calarcá” y otros jefes como alias “Ramiro” (frente 18), alias “Urías Perdomo” (frente Rodrigo Cadete), alias “Oliver” (frente Raúl Reyes) y alias “Érica” — fueron liberados por orden del gobierno nacional y de la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Para Rendón, esto no fue una decisión técnica de justicia, sino una decisión política: “una mentira para tapar un escándalo”, dijo, y acusó al presidente de priorizar intereses del gobierno por encima de la seguridad de Antioquia y del país.
Criticó además lo que considera un patrón de “impunidad”: según él, liberar a “Calarcá” no solo permitió que el grupo armado volviera a fortalecerse, sino que también comprometió la seguridad ciudadana y la vida de soldados y policías.
Finalmente, Rendón exhortó a que autoridades internacionales —por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos— revisen los hechos, dada la supuesta connivencia entre disidencias ilegales y elementos del Estado.
Qué responde el gobierno / otras autoridades
Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha señalado que alias “Calarcá” no fue capturado en flagrancia por delitos de lesa humanidad —una condición que, según la jurisprudencia, habilitaría la suspensión de órdenes de captura en contextos de procesos de paz. Por ello, no consideraron procedente su detención formal.
Ante el escándalo de los archivos incautados y los responsables señalados, incluido un general del Ejército y un director de inteligencia, el gobierno y la cúpula militar han rechazado los señalamientos, alegando posibles montajes o filtraciones con fines políticos.
En paralelo, la polémica ya ha generado solicitudes de investigaciones profundas de organismos de control internacionales, y reaviva el debate sobre la efectividad y riesgos de las políticas de “gestores de paz” implementadas por el gobierno.
Importancia del caso / impacto político y social
- Seguridad regional: La liberación de “Calarcá” y otros mandos de disidencias armadas, según el gobernador, representó una derogación práctica de un operativo que podría haber desmantelado buena parte de una estructura ilegal. Eso, a su juicio, ha contribuido a la persistencia de la violencia en territorios del país, especialmente en Antioquia.
- Confianza institucional: Las denuncias de supuesta infiltración del Estado por narcotráfico u organizaciones criminales golpean la legitimidad de las instituciones de seguridad, y socavan la confianza ciudadana en decisiones tomadas desde el alto gobierno.
- Política de paz vs. seguridad: El debate sobre la política de “gestores de paz” se reaviva: lo que algunos defienden como un camino hacia la reconciliación y desarme, otros lo ven como un riesgo de impunidad.
- Dimensión internacional: Dado que los vínculos supuestos podrían involucrar filtraciones de inteligencia, maniobras de lavado de activos o financiamiento ilegal, el caso podría atraer la atención de organismos internacionales, lo que complica la estrategia doméstica del gobierno.
Riesgos y desafíos: lo que sigue
- Si se demuestra el vínculo entre disidencias ilegales y altos funcionarios del Estado, estaríamos ante un escándalo de corrupción e infiltración institucional —con implicaciones muy graves para la seguridad nacional, la política de paz y las relaciones internacionales.
- En medio del escándalo, la polarización política puede aumentar: gobernadores, autoridades locales, sectores políticos y víctimas exigirán claridad, lo que podría desatar una crisis de gobernabilidad.
- La credibilidad de la política de “gestores de paz” y otras estrategias del gobierno se verá severamente cuestionada, lo que podría provocar cambios de rumbo —o un endurecimiento de la estrategia de seguridad.
- Para las víctimas del conflicto y las comunidades afectadas, el escenario genera temor: si se revictimizan, si hay impunidad, o si se utilizan los procesos de paz como una forma de encubrir criminalidad, podrían aumentar los riesgos de derechos humanos.
Conclusión
El enfrentamiento de versiones entre el gobernador de Antioquia y el presidente no es solo una disputa política: simboliza una encrucijada para Colombia. De un lado, está la urgencia de combatir estructuras armadas que aún siembran violencia. Del otro, la apuesta por una paz negociada, con todos sus riesgos. El caso de alias “Calarcá” expone las tensiones profundas entre seguridad, impunidad y reconciliación —y pone al país frente a una pregunta clave: ¿hasta dónde confiar en decisiones de Estado cuando detrás podrían esconderse intereses oscuros?
El desenlace de esta historia aún no está escrito. Pero lo que está claro es que la transparencia, la claridad institucional y la justicia serán fundamentales para evitar que este caso termine como otro capítulo más de violencia e impunidad.