Durante la administración de Gustavo Petro, el país ha emprendido una expansión sin precedentes de su red diplomática: se han creado 10 nuevas embajadas en distintos países del mundo. Sin embargo —y en un contexto de fuerte debate sobre austeridad fiscal y necesidad de reducir el gasto público—, esta apuesta diplomática ha generado críticas debido al alto costo que representa para el erario nacional.
Qué embajadas se abrieron y por qué
Las nuevas representaciones diplomáticas proyectadas o inauguradas por este gobierno incluyen sedes en: Guyana, Barbados, República Checa, Rumanía, Arabia Saudita, Etiopía, Nueva Zelanda, Catar, Senegal y más.
La apertura de estas embajadas forma parte de una estrategia de internacionalización, de reforzamiento de relaciones bilaterales y de aumento de la presencia de Colombia en regiones con menor tradición de diplomacia latinoamericana, parte de la renovada política exterior del gobierno.
Cuánto ha costado — y por qué alarma el gasto
Según un informe dado a conocer recientemente, el monto destinado al montaje de estas nuevas embajadas y consulados ya supera los 19.513 millones de pesos.
El caso más llamativo es el de la sede en Riad, Arabia Saudita: con un presupuesto de 1,1 millones de dólares, es la embajada más cara de todas.
Pero el gasto no se limita al arrendamiento o adecuación de sedes: también incluye sueldos del personal diplomático. Hasta ahora, se han gastado alrededor de 2,2 millones de dólares solo en nóminas, con los montos más altos justamente en las representaciones de Europa (como República Checa y Rumanía) y Medio Oriente.
Adicionalmente, se calcula que los gastos operativos (servicios públicos, vigilancia, mantenimiento, telecomunicaciones, entre otros) suman varios miles de millones de pesos.
¿Qué tan justificable es este gasto? Contexto de debate y críticas
La decisión de ampliar la red diplomática se da justo en un momento en que el gobierno ha planteado ajustes fiscales, incluso con proyectos de reforma tributaria, para cubrir un déficit multimillonario en el presupuesto nacional.
Por eso muchos sectores cuestionan no solo la necesidad de ampliar embajadas en países con poco intercambio histórico con Colombia, sino también el costo-beneficio real. Críticos advierten que esta expansión podría entenderse como una “burocracia costosa” más que una necesidad diplomática estricta.
Por ejemplo, para el mantenimiento anual de las nuevas sedes y la nómina necesaria, algunos cálculos estiman costos que rondan decenas de millones de pesos, lo que en tiempos de ajuste fiscal resulta controversial.
Qué ofrece el gobierno a cambio: argumentos de política exterior
Desde la administración se ha defendido esta expansión diplomática como una apuesta estratégica para diversificar las relaciones internacionales de Colombia, abrir mercados, reforzar alianzas con países de Medio Oriente, África, Europa, Oceanía y el Caribe, y proyectar al país más allá de sus vínculos tradicionales.
En el caso de la embajada en Arabia Saudita —la más costosa— su inauguración también simboliza la intención del gobierno de posicionar a Colombia como un actor global, con presencia diplomática en regiones clave del mundo.
Transparencia sobre ejecución real
Aunque se presupuestaron millones de dólares para estas nuevas embajadas, la ejecución real hasta el 30 de octubre de 2025 mostró una baja utilización de esos recursos. Por ejemplo, en la embajada de Arabia Saudita apenas se ha ejecutado un 5,28 % del presupuesto asignado, y otras sedes como las de Etiopía, Nueva Zelanda o República Checa reportan 0 % de ejecución.
Esto pone en entredicho si la creación de tantas sedes de manera simultánea era lo más eficiente, o si parte de ese presupuesto podría haberse usado en otras prioridades nacionales.
Conclusión
La expansión diplomática del gobierno de Gustavo Petro representa una apuesta ambiciosa de exteriorización de Colombia. No obstante, los altos costos —tanto en adecuaciones como en sueldos y gastos de funcionamiento—, unidos al contexto de ajuste fiscal y a la baja ejecución presupuestal, han generado un debate legítimo sobre prioridades, eficiencia y el real retorno de esta estrategia. Más allá de las buenas intenciones diplomáticas, la percepción pública es que buena parte de esos recursos podrían destinarse a necesid