El pasado 27 de noviembre de 2025, el CNE adoptó una decisión histórica: sancionó la campaña presidencial Petro Presidente 2022-2026 por sobrepasar los límites legales de financiación y recibir aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido por la ley.
La investigación —fruto de un proceso que duró más de un año— determinó que la campaña excedió los topes permitidos por un monto estimado en 5.300 millones de pesos. Además del exceso en gastos, el CNE identificó aportes irregulares originados en sindicatos como la Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO), y de empresas como Ingenial Media.
Como responsables directos del desbalance financiero fueron señalados el exgerente de campaña —actual presidente de Ecopetrol— Ricardo Roa; la auditora María Lucy Soto; la tesorera Lucy Aidee Mogollón; así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
¿Qué significa esta sanción?
- Es la primera vez que el CNE sanciona a una campaña presidencial por violación de topes y por financiamiento irregular. Esto marca un precedente importante en la fiscalización de las elecciones en Colombia.
- Aunque el presidente Gustavo Petro no fue sancionado directamente (su fuero constitucional lo protege como jefe de Estado), el fallo representa un fuerte revés para su movimiento.
- Desde el punto de vista legal y político, la decisión debilita la estructura orgánica de partidos de izquierda: tanto Colombia Humana como la UP enfrentan sanciones que podrían afectar su personería jurídica, lo que complica la construcción de una lista unificada de cara a las próximas elecciones legislativas.
Impacto en las apuestas electorales de la izquierda
El castigo del CNE llega en un momento clave: la izquierda intentaba consolidar una gran coalición —el Pacto Histórico— con miras a las elecciones legislativas de marzo de 2026. Esa estrategia pasaba por fusionar partidos como Colombia Humana y la UP, y presentar candidaturas conjuntas. Pero ahora, con sanciones vigentes, esa fusión está en jaque.
Las dos rutas posibles son poco atractivas:
- Que los partidos acepten la sanción, paguen la multa multimillonaria (más de 1.000 millones de pesos) y logren cerrar el caso —lo que aún representaría un desgaste político y reputacional.
- O que impugnen la decisión e inscriban listas separadas —lo que aumenta el riesgo de no superar los umbrales de votación necesarios para conservar su personería jurídica.
En cualquiera de los escenarios, las sanciones suponen un duro golpe a la posibilidad de consolidar un bloque de izquierda fuerte y competitivo en el Congreso. Algunos analistas advierten que esto no solo debilita la proximidad electoral, sino que pone en duda la viabilidad de un proyecto político unificado para los próximos años.
Reacciones y perspectivas
Tras conocerse el fallo, el presidente Petro reaccionó en redes sociales denunciando una persecución política y acusando a sus opositores de controlar al CNE. Afirmó contundentemente: “No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña” y calificó la decisión como “administrativa” y susceptible de ser impugnada.
Por su parte, sectores de oposición ya demandan sanciones más severas: algunos políticos piden la destitución del exgerente de campaña (Roa) y —en teoría— incluso la remoción del presidente, argumentando que la violación de topes electorales contradice las normas constitucionales.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre seguidores de la izquierda: el plazo para inscribir candidaturas vence el 8 de diciembre, lo que deja pocos días para resolver el futuro político del bloque de izquierda.