En los últimos nueve años de implementación del Acuerdo Final de Paz con las antiguas FARC‑EP, el Estado colombiano ha invertido cerca de 107 billones de pesos. Esa cifra representa alrededor del 53 % del presupuesto total estimado (unos 201,5 billones) para los 15 años proyectados del acuerdo.
Inversión por pilares del Acuerdo
- El pilar que más recursos ha recibido es el de Reforma Rural Integral —le destinó aproximadamente 79,3 billones de pesos, lo que equivale a más del 74 % del total invertido hasta ahora.
- En contraste, el pilar de participación política —el camino que permitiría la integración de excombatientes y el fortalecimiento democrático— ha tenido una ejecución muy baja: apenas un 30 % del presupuesto asignado.
- El componente de fin del conflicto (desarme, reincorporación y garantías de seguridad) registró una ejecución superior a lo presupuestado oficialmente, con 7,02 billones de pesos, aunque los retos de seguridad y reincorporación persisten en muchos territorios.
Resultados y alertas: montos altos, logros cuestionables
A pesar del monto invertido, los resultados no han sido proporcionales al gasto, según lo advierte Contraloría General de la República:
- Cerca del 42 % de los proyectos clasificados como “paz” carecen de un producto concreto asociado.
- Solo el 17 % del total de intervenciones permite medir impactos claros y verificables.
- En materia de tierras —una de las promesas centrales de la reforma rural—, tan solo se han entregado unas 260.410 hectáreas , muy por debajo de la meta inicial de 3 millones; algunas entregas aún son provisionales o no han sido formalizadas.loading...
- En cuanto a seguridad, desarme y reincorporación, los problemas de violencia, narcotráfico y amenazas a excombatientes persisten, lo que evidencia que la inversión no ha garantizado una paz estable y duradera.
Conclusión: inversión millonaria, transformación insuficiente
La ejecución de 107 billones de pesos demuestra un compromiso económico real del Estado con la implementación del Acuerdo de Paz. Pero la evaluación de la Contraloría deja en evidencia que —a pesar de los recursos— la paz estructural, la transformación rural y la garantía de derechos siguen siendo débiles. Muchas de las promesas fundamentales —tierra, seguridad, participación política, sustitución de cultivos ilícitos— no se han traducido en cambios palpables y sostenibles.