El CNE impuso sanciones a la campaña “Petro Presidente” tras determinar que superó los topes legales de financiación y recibió aportes prohibidos durante las elecciones del 2022.
Qué encontró el CNE
La investigación concluyó que la campaña excedió en más de $5.300 millones de pesos los límites de gastos establecidos por la ley. Además, detectó aportes de personas jurídicas prohibidas —como sindicatos— y gastos no reportados, lo que agrava las irregularidades.
Como consecuencia, fueron sancionados penal y económicamente los responsables financieros de la campaña: el exgerente, la tesorera y la auditora. También fueron sancionados los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Implicaciones políticas y electorales
Se trata de la primera vez en la historia de Colombia que una campaña presidencial recibe sanciones económicas de esta magnitud. Este fallo pone en riesgo los planes de unión de fuerzas de la izquierda para las elecciones legislativas de 2026, puesto que los partidos sancionados —si no cumplen con las multas o presentan clubos abiertos— podrían perder su personería jurídica o quedar impedidos para fusionarse en listas conjuntas.
Políticos de la derecha ya calificaron la decisión como una demostración de que la campaña de 2022 habría incurrido en corrupción, mientras representantes del oficialismo denuncian una persecución política, cuestionando la imparcialidad del CNE.
Qué sigue: futuro incierto
Con menos de diez días hasta la fecha límite para formalizar candidaturas, los partidos sancionados enfrentan una encrucijada: pagar las multas y saldar las deudas o correr el riesgo de presentar listas separadas, lo que podría reducir sus votos y debilitar sus posibilidades electorales.
El fallo redefine la estrategia de la izquierda de cara a 2026, en un momento decisivo para la conformación del próximo Parlamento.