Emproblemado por la ‘grosería’

La Contraloría General de la República encendió un fuerte debate político al
cuestionar la decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dirigida por Felipe
Harman, de adquirir el predio La Grosería en Chimichagua (Cesar) por $4.161
millones. Según el organismo de control, esta compra representa un uso
inadecuado de los recursos destinados al Fondo de Tierras, cuyo objetivo central
es entregar predios con capacidad productiva a familias campesinas que buscan
generar ingresos y permanecer dignamente en el territorio.
Hallazgo
La Contraloría estableció un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal por la
totalidad del valor de la compra, al considerar que el terreno no cumple con los
criterios técnicos ni legales exigidos. Los análisis realizados demostraron que la
mayoría del predio corresponde a suelos agrológicos VII y VIII, clasificados como
improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.
En otras palabras, se trata de un lote sin vocación agropecuaria, que difícilmente
podría sostener proyectos productivos rurales, lo que contradice la razón de ser
del Fondo de Tierras dentro de la Reforma Rural Integral.
Una de las principales preocupaciones del ente de control es que la ANT decidió
avanzar en la adquisición pese a que varias entidades habían documentado
previamente la ocupación del terreno por familias en condición de invasión. Este
antecedente estaba consignado en un acta de compromisos, donde se reconocían
asentamientos campesinos y se acordaba iniciar procesos de diálogo,
caracterización y verificación. No obstante, la compra se concretó sin revisar la
situación jurídica real, ni el estado físico del inmueble, ni las condiciones de
quienes lo habitaban.