El alcalde de Bogotá anunció que en los próximos días se instalará una mesa técnica de diálogo con representantes de la ciudad y municipios vecinos para revisar la polémica medida que impondrá restricciones a vehículos particulares no matriculados en la capital. El objetivo, dijo, es “buscar las mejores fórmulas” dentro de un ejercicio de “corresponsabilidad y equidad”.
Pico y placa los sábados
La medida, que empezará a regir en el primer semestre de 2026, establece que los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes, bajo un esquema de “un sábado sí, un sábado no”.
En paralelo, el costo del “pico y placa solidario” para estos vehículos sufrirá un incremento: pasará de un recargo del 20 % al 50 %.
Según las autoridades distritales, esta decisión busca corregir lo que consideran una injusticia fiscal: aproximadamente tres de cada diez vehículos que circulan en Bogotá están registrados en otras ciudades, pero utilizan las vías capitalinas, generan congestión, desgaste vial y contaminación, sin aportar al recaudo local.
De acuerdo con datos de la administración, desde 2015 la capital dejó de matricular cerca de 241.000 vehículos, lo que representó una pérdida estimada de cerca de 1,1 billones de pesos en impuestos que podrían haberse destinado a movilidad, mantenimiento vial, semaforización y transporte público.
En su anuncio, Galán destacó que esta política ya habría tenido efectos positivos: según su gobierno, cerca del 80 % de las personas que compraron un vehículo en los últimos días manifestaron su intención de matricularlo en Bogotá, lo que se traduce en un ingreso extra para la ciudad. Sin embargo —y precisamente por eso— la mesa de diálogo abrirá el debate con autoridades de la región metropolitana para evaluar su impacto real sobre quienes vienen de municipios vecinos y utilizan sus carros para movilizarse hacia la capital.
La convocatoria ha generado reacciones diversas: algunos ven la medida como una herramienta para recaudar más y mejorar la infraestructura urbana, mientras que otros la critican por su posible impacto sobre la movilidad de quienes viven en zonas aledañas a Bogotá. El alcalde mantiene que, aunque está dispuesto al diálogo, la restricción sabatina seguirá en pie hasta que se logren consensos.
Con la decisión, la administración busca no solo reducir la congestión vehicular y los efectos negativos del parque automotor sobre la ciudad, sino también fomentar la corresponsabilidad: quienes transitan por Bogotá deben contribuir económicamente al mantenimiento de las vías y al bienestar colectivo. Sea como sea, el debate sobre movilidad, impuestos y equidad regional queda abierto —y la mesa técnica será clave para encontrar un punto de equilibrio.