El homicidio de la abogada Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, ocurrido el 21 de noviembre de 2025 en Jamundí (Valle del Cauca), reaviva el debate sobre la extinción de dominio y el narcotráfico, tras revelarse que ella gestionaba la devolución de bienes pertenecientes al extraditado capo Jesús Hugo Berdugo Chávez, alias Tánatos.
Según una investigación del diario EL TIEMPO, la profesional estaba adelantando trámites para recuperar al menos dos “narcohaciendas” incautadas: las fincas conocidas como La Joya y El Diamante, ubicadas en los municipios de Patía y Santander de Quilichao (departamento del Cauca).
Estas propiedades, junto con otras en Putumayo y Cauca, tenían caballerizas, piscina, cancha de fútbol, vigilancia privada y funcionaban como centros operativos de narcotráfico, de acuerdo con los reportes de autoridades.
La abogada, de 40 años, fue interceptada por sicarios en motocicleta mientras conducía por el barrio El Rosario de Jamundí. Tras recibir varios impactos de bala, perdió el control del vehículo, chocó y falleció en el sitio.
Las autoridades investigan si su participación en este proceso judicial y su vínculo con clientes vinculados al narcotráfico —como alias Tánatos— pudo motivar su asesinato.
Este caso evidencia nuevamente las complejidades del sistema de extinción de dominio en Colombia y el peligro que supone manejar procesos judiciales contra estructuras criminales con recursos ocultos en bienes raíces.
