Decenas de ciudadanos en Armenia, Quindío denuncian que, pese a haber pagado completamente sus apartamentos en el proyecto Parque Residencial del Café, aún no reciben las escrituras, y además enfrentan exigencias de millonarios cobros adicionales para completar el proceso de legalización.
Una de las afectadas, una abogada que invertió todos sus ahorros, relata que pagó en octubre de 2023 —incluso pidiendo préstamos familiares— con la esperanza de obtener su vivienda. “Ya pagué todo mi apartamento, entrégame las escrituras”, afirma que exigió a la constructora.
Sin embargo, para la firma de la escritura le exigen cubrir un costo adicional correspondiente al “incremento por salario mínimo”, lo que convierte una promesa de vivienda en propiedad en una carga económica imprevista.
El problema no es aislado: al menos 24 compradores se han unido en una demanda colectiva ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), argumentando que la constructora nunca fijó una fecha clara de entrega legal del inmueble ni cumplió con la escrituración.
Por su parte, la empresa responsable del proyecto admite que aún faltan por escriturar unas 40 unidades, alegando que no se ha completado el “cierre financiero”. Pero muchos afectados aseguran tener los pagos al día y señalan que esta demora —y el cobro extra— constituyen un “robo legal”.
Este hecho pone en evidencia una crisis estructural: entre enero de 2021 y julio de 2025, se han recibido miles de denuncias contra constructoras y entidades fiduciarias por fallas como incumplimiento de contratos, demoras en entregas, falta de escrituración o devolución de dineros.
Los compradores exigen que se respete su derecho a la vivienda propia, a la legalización sin sobrecostos y a obtener documentos que acrediten la propiedad real de sus hogares.