La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, anunció durante la COP30 los resultados de Amazonía Libre II, una operación binacional entre Colombia y Brasil que logró un golpe contundente contra la minería ilegal en la selva amazónica. La intervención, descrita como una de las más importantes en la región en los últimos años, tuvo lugar en los ríos Puré, Purité y Cotuhé, una zona de altísima biodiversidad y particularmente vulnerable a actividades criminales que causan deforestación y contaminación con mercurio.
Durante su intervención, Vélez enfatizó que la Amazonía es un patrimonio natural global, y que su defensa requiere acciones coordinadas entre países. Esta operación demuestra —según la ministra— que los dos gobiernos no permitirán el avance de economías ilícitas que generan destrucción ambiental y fortalecen estructuras criminales.
Un operativo complejo y de alto riesgo
La operación se llevó a cabo el 18 de noviembre con un despliegue de alto nivel: 92 uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar), apoyados por la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Federal de Brasil y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía. La intervención empleó tres helicópteros UH-60 y equipos especializados en selva profunda, debido a lo remoto y peligroso del terreno.
Este operativo no surgió de improvisación; fue el resultado de un seguimiento minucioso realizado desde 2023 por entidades como Conaldef, que identificaron la ubicación exacta de las dragas y la estructura criminal que operaba en la zona.
Resultados contundentes
En total, la operación destruyó 14 súper dragones mineros —ocho en territorio colombiano y seis en Brasil—, maquinaria diseñada para la extracción intensiva de oro. Además:
- 33 motores quedaron inutilizados
- Se destruyeron tres remolcadores y una excavadora
- Se incautaron 4.800 galones de combustible
- Se decomisaron 2,5 kg de mercurio
- Se retuvieron 25 cilindros de gas y una planta eléctrica
Cada draga podía extraer hasta 6.000 gramos de oro mensuales, lo que significaba ingresos millonarios para las organizaciones criminales. En conjunto, la operación frenó un movimiento económico ilícito valorado en más de 9,3 millones de dólares al mes.
Golpe decisivo a estructuras criminales
Los grupos más afectados fueron el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y los Comandos de Frontera, que controlaban la minería ilegal en la región. Las autoridades estiman pérdidas superiores a 12.000 millones de pesos
Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a hostigamientos armados durante la operación, lo que evidencia el nivel de control territorial y capacidad de reacción de estas organizaciones. El hallazgo de una excavadora sugiere que los grupos están migrando hacia modalidades más destructivas como la minería a cielo abierto.
Protección de ecosistemas esenciales
El operativo no solo atacó la economía criminal sino que también evitó daños ambientales graves. Las dragas destruidas operaban cerca de un afluente que alimenta un Parque Nacional Natural, hogar de la última tribu no contactada de Colombia y de especies icónicas como el jaguar, el delfín rosado, el mono tití y el manatí.
Al frenar la actividad minera, se evitó la contaminación con mercurio, la sedimentación de ríos y la pérdida de hábitat, contribuyendo a la protección de uno de los lugares más biodiversos del planeta.