Una serie de documentos extraídos de computadores, memorias USB y celulares incautados a las disidencias de las Farc expuso una red de comunicaciones que vincula a dos altos funcionarios del Estado con estructuras insurgentes: el general del Ejército Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal, y Wilmer Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación, realizada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, muestra que miembros del grupo de alias Calarcá sostuvieron reuniones y diálogos directos con ambos funcionarios. Los archivos incluyen chats, correos, fotografías y cartas que también mencionan una presunta financiación a la campaña Petro Presidente. La Fiscalía habría tenido acceso a estos materiales desde hace más de un año, pero, según el reportaje, no ha impulsado avances judiciales.
El origen del caso: un retén militar en 2024
El escándalo se remonta al 23 de julio de 2024, cuando un convoy que transportaba a siete mandos de las disidencias —movilizados con escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)— fue detenido en Anorí, Antioquia. Llevaban armas, dinero y un menor de edad.
Aunque los indicios de flagrancia eran evidentes, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de cuatro de los capturados, alegando que tenían la condición de “gestores de paz”. Entre los liberados estaban alias Calarcá, su pareja y otros dos jefes guerrilleros.
Lo que no se conocía es que durante ese operativo se decomisaron dispositivos electrónicos con abundante información sensible. En ellos estaban los documentos revelados por Noticias Caracol, que evidencian un nivel profundo de penetración de las disidencias en instituciones como el Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de inteligencia.
Reuniones con el general Huertas y la propuesta de una empresa fachada
Uno de los archivos más comprometedores es un informe enviado a alias Calarcá, fechado el 8 de febrero de 2024. En él, un guerrillero describe reuniones en Bogotá con el general Huertas —quien en ese momento estaba retirado y actuaba como asesor de funcionarios del sector defensa y de inteligencia.
De acuerdo con el documento, Huertas propuso crear una empresa de seguridad con participación conjunta entre él y la estructura guerrillera, operación que funcionaría como fachada legal, similar a modelos usados por grupos paramilitares en los años noventa. Según el reporte, ofrecía tramitar permisos, armas y vehículos blindados, y planteaba que una empresa legalizada permitiría contar con “personal formal” si los diálogos de paz naufragaban.
También se menciona la posibilidad de facilitar movilidad, garantizar pasos en retenes y utilizar contactos en la Presidencia para evitar controles en desplazamientos.
El vínculo de Huertas con el presidente Gustavo Petro no es desconocido. En 2022 acompañó la campaña presidencial tras haber sido retirado del Ejército por instrucciones del entonces comandante Eduardo Zapateiro. En 2024, fue reincorporado y asumió el Comando de Personal, un cargo estratégico dentro de la institución militar.
El papel de Wilmer Mejía dentro de la inteligencia del Estado
El segundo funcionario mencionado es Wilmer Mejía, quien durante el gobierno de Petro ascendió a posiciones decisivas dentro de la DNI, pese a no tener una trayectoria larga en inteligencia militar.
Fuentes consultadas por el noticiero afirman que Mejía incidía directamente en traslados, ascensos y retiros de oficiales. En los archivos confiscados, miembros de las disidencias mencionan su participación en un plan junto al general Huertas para viajar a Venezuela y obtener información relacionada con la muerte de un guerrillero.
Aunque Mejía se presenta públicamente como un “tejedor de puentes”, la investigación señala que su cercanía con el presidente habría fortalecido su influencia en la reestructuración de los organismos de inteligencia. Varias fuentes relataron que oficiales debían enviarle hojas de vida para que definiera movimientos internos.