Una investigación de la revista Cambio reavivó el debate sobre la concentración de la contratación pública en el sector farmacéutico, luego de revelar que una empresa presuntamente vinculada a la familia Char volvió a quedarse con un millonario contrato para suministrar medicamentos a la Policía Nacional, pese a los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro por diversificar los proveedores y desmontar un modelo de contratación heredado desde 2005.
Negocio
El negocio, que abarca el suministro de fármacos para la Policía y otras entidades del Estado, ha estado en manos de un reducido grupo de empresas durante casi dos décadas. Según Cambio, compañías como Éticos Serrano han tenido presencia constante en estos contratos, consolidando un dominio difícil de romper. Entre 2018 y 2025, tres grandes convenios han marcado la pauta del sector: Medipol 16 (2018–2023), Éticos Serrano Gómez (2023–mayo 2025) y, recientemente, nuevamente esta empresa mediante la unión temporal Polpharma.
La magnitud del negocio es considerable: solo en 2024 la Policía registró más de 6,2 millones de atenciones médicas a más de medio millón de usuarios, lo que exige un sistema de abastecimiento robusto y continuo. Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, ordenó romper la concentración contractual. En marzo de 2025 denunció públicamente que Iván Duque había dejado “amarrado” un acuerdo marco millonario firmado en junio de 2022, que otorgaba exclusividad de suministro a pocas compañías hasta finales de 2025.
El acuerdo estuvo rodeado de controversias. En enero de 2023 se terminó anticipadamente el contrato con Productos Hospitalarios; en 2024, Colombia Compra Eficiente (CCE) alertó a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre posibles prácticas restrictivas a favor de Éticos Serrano. Audidrogas, el otro proveedor con mejores precios, argumentó falta de capacidad instalada y luego quedó inhabilitada para contratar al no actualizar su RUP. Esto dejó a Éticos Serrano como único proveedor del acuerdo marco.
Apelación
Ante las inconsistencias detectadas en el catálogo y el simulador de precios, CCE suspendió el contrato y lo dio por terminado en mayo de 2025, decisión que la empresa apeló y luego llevó a tutela. Aunque la tutela fue rechazada en primera y segunda instancia, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional.
La crisis llevó a la Dirección de Sanidad de la Policía a declarar urgencia manifiesta en abril de 2025. Aunque inicialmente se consideró a Drogas La Rebaja, esta no cumplía con la capacidad técnica, por lo que el contrato de urgencia —por $217.000 millones— fue adjudicado nuevamente a Éticos Serrano.
Finalmente, la nueva licitación, adjudicada en noviembre de 2025 por $271.000 millones, quedó en manos de la unión temporal Polpharma, conformada por Éticos Serrano y la Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales, representada por José Manuel Carbonell, presidente del grupo Olímpica.
Mientras continúa el proceso judicial y CCE trabaja en un nuevo acuerdo marco, el Gobierno Petro mantiene su propósito de ampliar la competencia. Sin embargo, los hechos recientes evidencian las dificultades del Estado para romper esquemas contractuales consolidados durante años.