El uso de medios de guerra que desconocen los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario hace parte de las conductas vulneratorias identificadas por la entidad.
Bajo un enfoque de seguridad humana, los entes competentes concernidos deben atender las recomendaciones formuladas en el documento de advertencia y prevención, a fin de que sean garantizados los derechos de las comunidades.
Con la finalidad de hacer un llamado a desplegar acciones estatales de prevención urgente y garantías de no repetición, dadas las graves, manifiestas y posiblemente reiteradas violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) y normas del derecho internacional humanitario (DIH), la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 018 de 2025 para el municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca.
El principal factor de riesgo es el accionar hegemónico del ‘Frente Jaime Martínez’ (FJM), grupo disidente adscrito al ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas’ (BOCJA), del ‘Nuevo Estado Mayor Central’ (Nuevo EMC). El FJM ejerce un control robusto sobre los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales de las comunidades rurales y urbanas.
Su dominio es posible porque la ubicación geográfica de Suárez sirve como corredor estratégico para la movilidad y obtención de rentas provenientes de cultivos de uso ilícito y de la minería de oro. El Jaime Martínez impone una gobernanza armada ilegal que se manifiesta en la suplantación de funciones estatales como la administración de «justicia» y el cobro de «impuestos».
La Alerta Temprana, cuyo nivel de riesgo es extremo, focaliza los peligros para la cabecera municipal de Suárez, 52 de sus veredas, 9 consejos comunitarios y 4 resguardos indígenas. La amenaza se concentra de manera diferencial en niñas, niños y adolescentes (NNA), jóvenes, población indígena Nasa, población afrocolombiana, población campesina, mujeres, lideresas y líderes sociales, personas defensoras de DD. HH. y firmantes del Acuerdo de Paz.
Entre las conductas vulneratorias identificadas por la Defensoría, se destaca el uso de medios de guerra que desconocen los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del DIH. El FJM ha intensificado sus ataques con artefactos explosivos improvisados, tatucos y drones modificados con explosivos en áreas densamente pobladas, incluyendo la cabecera municipal, y cerca de bienes protegidos como la represa La Salvajina. Además, la gobernanza armada ilegal recurre a la violencia “ejemplarizante”, la cual incluye homicidios selectivos, torturas y desmembramientos contra civiles que infringen sus “normas”.
El reclutamiento forzado y la utilización ilícita de NNA es un repertorio persistente del Jaime Martínez, que emplea ofertas económicas y manipulación emocional para la vinculación, afectando especialmente a la niñez étnica. La Defensoría también advierte sobre el riesgo de explotación sexual y comercial de NNA y trata de personas.
Estos factores de amenaza, sumados a vulnerabilidades estructurales, como la limitada presencia de la oferta social del Estado y la pobreza, han provocado múltiples eventos de desplazamientos y confinamientos masivos forzados.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo formula, a través de su AT 018 ―que cierra el seguimiento realizado a la AT 033-19 y actualiza el escenario de riesgo―, un total de 28 recomendaciones, divididas en ocho ejes temáticos. Con ellas insta a las entidades competentes a implementarlas bajo un enfoque de seguridad humana, en el que la atención a los riesgos vaya más allá de las intervenciones sobre el orden público y estén acompañadas de estrategias que garanticen los derechos de las poblaciones urbana y rural de Suárez.
Al Ministerio de Defensa le recomienda fortalecer las capacidades antidrones y antiexplosivos; a la Fiscalía General de la Nación, asignar un fiscal en Suárez y priorizar la investigación de crímenes como el reclutamiento forzado y la minería ilegal; al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Gobernación del Cauca, mitigar las vulnerabilidades sociales y fortalecer los entornos protectores para NNA y el apoyo a las guardias indígena y cimarrona.