Por: Jhorman Montezuma
En Pasto, la reciente implementación de 80 cámaras de seguridad, sumadas a los dispositivos de control vial conocidos popularmente como “cámaras salvavidas”, ha generado una amplia discusión. Las autoridades aseguran que esta medida es un paso firme hacia la prevención del delito y la regulación del tránsito. Sin embargo, en las calles, la percepción ciudadana es otra: se vigila mucho, pero se actúa poco.
La seguridad en la capital nariñense vive un momento decisivo. Cada fin de semana, las cifras de riñas, accidentes y alteraciones del orden público se disparan, en gran parte por el consumo excesivo de bebidas embriagantes. El desorden se instala en las calles mientras la presencia policial se ve desbordada, y las cámaras, aunque registran lo ocurrido, no siempre se traducen en sanciones efectivas.
No se puede negar que la tecnología es una herramienta necesaria. Las cámaras ayudan a identificar responsables y a disuadir algunas conductas. Pero, ¿de qué sirve tener una ciudad vigilada si no existe un control real y constante sobre el comportamiento de sus habitantes? El problema de fondo no se resuelve con lentes de alta definición, sino con políticas integrales que ataquen las causas de la inseguridad.
Aquí es donde el debate se vuelve urgente: mientras se invierte en vigilancia, los proyectos productivos y las estrategias de empleo formal brillan por su ausencia. Pasto y el departamento de Nariño tienen un enorme potencial humano, con manos dispuestas a trabajar, pero las oportunidades son escasas. En la Gobernación y las alcaldías, la burocracia absorbe recursos sin que estos se transformen en verdaderos motores de desarrollo.
El llamado es claro: no basta con llenar la ciudad de cámaras, hay que llenar de oportunidades a la gente. El desempleo y la informalidad son terreno fértil para la delincuencia. Si no se generan empleos dignos, si no se promueven iniciativas empresariales y productivas, la vigilancia será solo un parche en una herida que sigue abierta.
Las cámaras de seguridad y las “salvavidas” deben cumplir su función, pero la justicia y el orden no pueden limitarse a lo que capta un lente. Se necesita una presencia efectiva de las autoridades, un compromiso real con la formalidad laboral y una inversión decidida en el bienestar de la población.
Pasto merece seguridad, pero también merece futuro. Un futuro donde la ley no solo vigile, sino que también proteja y brinde oportunidades. Porque una ciudad segura no es la que más cámaras tiene, sino la que más posibilidades ofrece para que sus ciudadanos vivan con dignidad.