El reciente viaje del presidente Gustavo Petro al Medio Oriente estuvo marcado por un inconveniente logístico que ha generado debate nacional. Según se confirmó el 31 de octubre de 2025, el avión presidencial FAC 121, utilizado por el mandatario para sus desplazamientos oficiales, enfrentó dificultades para abastecerse de combustible en territorio extranjero, luego de que diez empresas proveedoras se negaran a prestar el servicio de carga aérea.
El hecho, que se produjo durante una escala técnica de la aeronave, obligó al equipo de la Presidencia a gestionar de manera urgente una alternativa para garantizar la continuidad del itinerario. Fuentes del Gobierno señalaron que la negativa de las compañías podría estar relacionada con asuntos contractuales y con los procedimientos de verificación internacional requeridos para los vuelos oficiales de Estado.
El incidente provocó críticas en sectores políticos y de opinión pública, que cuestionaron la planificación logística y la gestión diplomática en torno a los viajes presidenciales. Analistas señalan que, más allá del hecho puntual, el episodio refleja los desafíos que enfrenta la administración en materia de transparencia contractual, mantenimiento de aeronaves y confianza internacional hacia los servicios oficiales del Estado colombiano.
El Ministerio de Defensa, encargado de la operación de la flota presidencial, aseguró que la situación fue controlada y que “en ningún momento estuvo comprometida la seguridad del presidente ni de la tripulación”. No obstante, el episodio reavivó el debate sobre la necesidad de modernizar los aviones oficiales y revisar los protocolos de abastecimiento fuera del país.
Este hecho no solo afecta la imagen de la Presidencia de la República, sino que plantea interrogantes sobre la eficiencia de la gestión pública en los desplazamientos internacionales y la capacidad de respuesta del Estado colombiano ante contingencias logísticas de alto nivel.