Expertos advierten que una incursión estadounidense violaría el derecho internacional y podría desencadenar la mayor crisis bélica en América Latina en décadas.
Ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, la posibilidad de una intervención militar estadounidense ha reavivado un intenso debate jurídico y político en la comunidad internacional. Mientras la Casa Blanca sostiene que actúa en defensa de la seguridad regional, especialistas recuerdan que el derecho internacional prohíbe expresamente el uso de la fuerza para resolver disputas entre Estados.
La Carta de las Naciones Unidas, piedra angular del orden jurídico internacional, establece que los países deben “abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”. Asimismo, los Juicios de Núremberg definieron como crimen contra la paz la planificación o ejecución de guerras de agresión, principio reforzado por múltiples resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
“El derecho internacional impone límites claros al poder de los Estados, precisamente para evitar que impere la ley del más fuerte. Pero en los últimos años observamos una crisis de ese sistema normativo”, explica Stefan Peters, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Justus Liebig de Gießen y director académico del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ).
Según Peters, la historia reciente muestra numerosos casos de acciones militares sin respaldo legal, como la invasión rusa a Ucrania. Una intervención de Estados Unidos en Venezuela, añade, “podría convertirse en el primer conflicto internacional en suelo latinoamericano desde las guerras del Cenepa (1995) o de las Malvinas (1982)”.
Aun así, el derecho internacional contempla dos únicas excepciones al uso de la fuerza: la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o la autodefensa ante un ataque armado. Para la politóloga Sabine Kurtenbach, este último argumento sería el más probable en el discurso de Washington, aunque “muy forzado” desde el punto de vista legal.
“El argumento de Trump es que en Venezuela operan grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Con eso busca dar una base jurídica a sus acciones en el Caribe. Pero la gran pregunta es: si la intervención se considera ilegal, ¿quién la sancionaría?”, plantea Kurtenbach.
Mientras el debate jurídico continúa, analistas advierten que un movimiento militar de Washington podría alterar el equilibrio político y de seguridad en toda América Latina, abriendo una peligrosa brecha entre el derecho internacional y la práctica del poder.
