El municipio de Cumaral (Meta) vive una creciente polémica política tras las denuncias
presentadas por el concejal Jhon Walter Riveros, quien señaló presuntas
irregularidades relacionadas con la compra de una finca de 122 hectáreas en la vereda
Santa Teresa, jurisdicción de Medina (Cundinamarca), supuestamente vinculada al
hermano del alcalde Albeiro Serna.
Polémica
De acuerdo con el concejal, la transacción se realizó a través de la sociedad
Inversiones Agrocuanzas S.A.S., creada el 29 de mayo de 2025, que un mes después
habría adquirido el terreno por cerca de 4.270 millones de pesos, a razón de 35
millones de pesos por hectárea. Riveros, reconocido por su labor de control político,
afirmó que este hecho genera “dudas legítimas sobre el origen de los recursos y
posibles conflictos de interés” dentro de la administración municipal.
Las declaraciones del cabildante desataron una ola de reacciones tanto en escenarios
institucionales como en redes sociales. Algunos sectores ciudadanos respaldaron la
denuncia y solicitaron la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía,
mientras que otros consideran que se trata de un ataque político para debilitar la
imagen del mandatario local en medio de un ambiente de alta tensión.
En respuesta a las afirmaciones del concejal, un grupo de empresarios y veedores
ciudadanos, entre ellos miembros de la familia Navarrete, difundieron un video en redes
sociales rechazando los señalamientos y calificando de “bajeza” las acusaciones que
vinculan a la administración con supuestas amenazas de grupos ilegales. En el
pronunciamiento, uno de los voceros expresó su respeto por la trayectoria del concejal
Riveros como exmiembro de la Policía Nacional, pero le pidió no involucrar a la familia
Navarrete ni al alcalde Serna en temas que, según él, carecen de fundamento.
Controversia
El alcalde Albeiro Serna no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia
presentada por el concejal Jhon Walter Riveros. No obstante, fuentes cercanas al
mandatario insisten en que la compra del terreno es una transacción privada, sin
relación alguna con recursos públicos ni con decisiones de gobierno.
La controversia ha polarizado a la comunidad cumaraleña, que exige transparencia,
responsabilidad y equilibrio en el manejo de la información pública. En tanto, los
habitantes esperan que los entes de control se pronuncien para determinar si existen o
no irregularidades en el caso, y que tanto las denuncias como las defensas se realicen
dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones mediáticas.