La Unidad de Restitución de Tierras (URT) informó que esta comunidad, víctima del conflicto armado en Putumayo, está conformada por 57 familias (232 personas), las cuales habitan en un territorio de más de 1.000 hectáreas.
Durante décadas fueron víctimas de la violencia ejercida por grupos armados como las Farc, las Auc y otros actores ilegales que se disputaron el control de la zona, generando desplazamientos masivos, confinamiento, amenazas, reclutamiento forzado de menores y deforestación, entre otros flagelos.
“Este fallo es un acto de justicia histórica con el pueblo Nasa. Es resultado de años de lucha, acompañamiento estatal y resistencia comunitaria. Con ella se garantiza no solo la restitución de su tierra, sino su pervivencia física y cultural», destacó Diana Silva Montealegre, directora territorial de la URT en Putumayo.
Entre las disposiciones destacadas, el juzgado ordena la entrega simbólica del territorio en una ceremonia liderada por las autoridades tradicionales; la construcción de vivienda digna, acueducto rural, fortalecimiento de la educación intercultural, la protección
ambiental, tal como la implementación de proyectos productivos con enfoque étnico y diferencial.
La sentencia exige a diversas entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y Corpoamazonia, que adopten medidas integrales para garantizar la reparación, seguridad y sostenibilidad del territorio, así como la constitución del resguardo indígena Ksxa’w Nasa Alto Danubio.
La Dirección Territorial Putumayo, a través de su equipo étnico, documentó los hechos victimizantes, adelantó la caracterización de afectaciones y lideró la acción judicial que hoy culmina con un importante reconocimiento de los derechos del pueblo ancestral Nasa.
La Unidad, a través de la Dirección Territorial Putumayo, reafirma su compromiso con la reparación integral y la protección de los derechos territoriales de las comunidades víctimas de despojo y abandono forzado.
De otra parte, el Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, hizo la entrega simbólica del territorio colectivo a las 12 comunidades que entregan el Consejo Comunitario Río Guajüí, ubicado en el municipio de Guapi (Cauca).
Esta entrega representa un paso fundamental para su reparación, al reconocer los hechos victimizantes que han sufrido a lo largo del conflicto armado: actividades de minería ilegal, presencia de cultivos ilícitos, el uso del territorio como corredor estratégico por parte de grupos armados ilegales y la violencia sexual ejercida contra las mujeres.
La Dirección Territorial Cauca de la URT registró que estas afectaciones vienen al menos desde 1998, tiempo en el cual han generado condiciones de alta vulnerabilidad, con impactos diferenciados sobre mujeres, niños, niñas y personas mayores.
La sentencia, proferida por el Juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, incluyó 48 órdenes adicionales dirigidas a distintas entidades del Estado. Con esta, son diez las entregas en ruta colectiva realizadas por la URT en el Cauca durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
