Bogotá, 23 de octubre de 2025.
La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, uno de los principales cabecillas de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo armado que mantiene negociaciones con el Gobierno Nacional. Rojas fue capturado durante el tercer ciclo de diálogos en medio de un proceso que buscaba su incorporación al esquema de cese al fuego y transición política.
La decisión del alto tribunal, sustentada en el cumplimiento de los tratados de cooperación judicial con Estados Unidos, deja ahora la responsabilidad final en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá decidir entre firmar la extradición o mantener a Araña como interlocutor en la mesa de negociación.
Análisis: un punto de inflexión para los diálogos de paz y la gobernabilidad en Nariño
El aval judicial representa un golpe político y simbólico para el proceso de paz con la CNEB, que tiene fuerte presencia en el sur del país, especialmente en Nariño, donde el gobernador ha respaldado los esfuerzos de diálogo como una vía para contener la violencia rural y el narcotráfico.
Si el presidente aprueba la extradición, las facciones armadas podrían interpretar la medida como una traición al proceso, debilitando la confianza y el cese al fuego en varios corredores estratégicos del departamento. Por el contrario, si la niega, podría tensar las relaciones con Estados Unidos, que ha sido un aliado clave en cooperación judicial y lucha antidrogas.
En cualquiera de los dos escenarios, los avances en Nariño quedan en riesgo, pues el equilibrio entre la legitimidad del diálogo y las exigencias internacionales se torna más frágil. Analistas advierten que la decisión de Petro no solo definirá el futuro judicial de Araña, sino la credibilidad del proceso de paz en su conjunto.