El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este 21 de octubre al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en el proceso judicial que durante años lo mantuvo bajo la lupa por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con la presunta manipulación de testigos. La decisión revoca en su totalidad el fallo condenatorio de primera instancia que lo había sentenciado a doce años de prisión domiciliaria.
Según el alto tribunal, no se logró demostrar que Uribe hubiese ordenado o coordinado pagos y ofrecimientos para alterar testimonios dentro de los procesos en los que se le señalaba de vínculos con grupos paramilitares. La Sala consideró que los elementos probatorios aportados por la Fiscalía y la parte acusadora “no fueron suficientes para establecer, más allá de duda razonable, que el expresidente hubiera actuado como determinador de dichas conductas”.
El Tribunal señaló también inconsistencias en la valoración de pruebas realizada por la jueza Sandra Heredia, quien en la primera instancia lo había hallado culpable, destacando que varios testimonios clave eran contradictorios o no verificables. Además, precisó que el actuar del abogado Diego Cadena, quien visitó cárceles y contactó a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez Ramírez, no pudo vincularse directamente con órdenes o instrucciones del exmandatario.
El fallo marca un giro determinante en un proceso que durante más de siete años ha sido uno de los más mediáticos y controvertidos en la historia reciente del país. El caso nació en 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda fue denunciado por Uribe por supuesta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema terminó abriendo investigación contra el propio expresidente al encontrar posibles irregularidades de parte de su defensa.
Con esta decisión, Uribe Vélez queda libre de las acusaciones en esta etapa procesal, aunque las víctimas y la parte civil aún podrían interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la única vía legal para revisar de nuevo el caso.
Tras conocerse el fallo, sectores del Centro Democrático celebraron la decisión como un “acto de justicia y reivindicación política”, mientras que otras voces, especialmente de la oposición, expresaron su preocupación por lo que consideran “una decisión que podría dejar en la impunidad uno de los casos más sensibles de manipulación judicial”.
Así, el Tribunal Superior de Bogotá cierra, al menos de momento, uno de los capítulos más largos y polarizantes de la política y la justicia colombiana, en torno a una figura que sigue dividiendo profundamente al país.