Los pueblos étnicos son parte esencial del tejido histórico y cultural de la Nación. Su pervivencia, sus lenguas, sus sistemas de gobierno y sus cosmovisiones no solo enriquecen la identidad nacional, sino que sustentan los valores de pluralidad, dignidad e igualdad sobre los cuales se erige la democracia colombiana.
La Constitución Política de 1991, en sus artículos 7 y 8, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, y establece que tanto el Estado como las personas tienen el deber de salvaguardar las riquezas culturales y naturales del país. Este reconocimiento, fruto de décadas de luchas y resistencias colectivas, se traduce en la obligación constitucional de garantizar la libre determinación, la autonomía y la participación efectiva de los pueblos étnicos, fortalecer sus instituciones propias, autoridades tradicionales, lenguas, creencias, costumbres y los sistemas de conocimiento propio.
La historia de los pueblos étnicos en Colombia es también un legado de resistencias, dignidad y construcción de país. A pesar de los impactos desproporcionados del conflicto armado, la exclusión histórica y el racismo estructural, estas comunidades han defendido su derecho a existir, al Buen Vivir, en sus propios términos. Sus formas de gobierno, economías propias y prácticas tradicionales son expresiones de soberanía y libre autodeterminación que el Estado está obligado a proteger y fortalecer.
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2023), el 4,1% de la población se autorreconoce como indígena y el 7,5% como afrodescendiente, mientras que las comunidades raizales, palenqueras y Rrom representan proporciones menores. Esta diversidad también se traduce en 68 lenguas nativas, habladas por cerca de 850.000 personas: 65 lenguas indígenas o indoamericanas; dos lenguas criollas habladas por pueblos afrodescendientes —el creole, del Pueblo Raizal de San Andrés, y el ri Palenge, del Pueblo Palenquero de San Basilio de Palenque—; y la lengua romaní, hablada por el Pueblo Rrom o gitano, presente en diferentes departamentos del país.
Para la Defensoría del Pueblo, la violencia contra los pueblos étnicos no puede ser entendida como un daño colateral del conflicto armado, sino como una manifestación de sistemas de dominación que perpetúan la injusticia histórica. Los confinamientos prolongados, el reclutamiento forzado, el despojo territorial y la imposición de normas ajenas a sus sistemas propios no solo vulneran derechos, sino que amenazan su pervivencia física y cultural y la diversidad étnica del país.
Libre determinación y gobierno propio
Garantizar la libre determinación de los pueblos étnicos implica respetar y fortalecer sus instituciones propias, sus autoridades tradicionales y sus sistemas normativos, así como proteger sus territorios ancestrales frente a toda forma de intervención o despojo. Es deber del Estado asegurar las condiciones reales para el ejercicio de sus derechos colectivos, la preservación de sus lenguas y la continuidad de sus tradiciones.
En una nación pluriétnica y multicultural como Colombia, la presencia estatal en los territorios debe traducirse en políticas públicas efectivas y concertadas que fortalezcan los sistemas de conocimiento, educación, salud intercultural, justicia y gobierno propio. Estas medidas deben ser integrales, sostenibles y diferenciales para la protección y garantía de derechos, especialmente en los territorios más afectados por la desigualdad, el racismo estructural, el abandono institucional y la violencia.
La Defensoría del Pueblo reitera que reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos étnicos es una obligación constitucional y reafirma su compromiso de acompañar, promover y vigilar las acciones que fortalezcan los derechos colectivos, en especial su autonomía y su derecho a decidir sobre sus formas de vida y desarrollo. Solo desde el respeto a la diversidad y la garantía plena de los derechos de los pueblos étnicos será posible avanzar hacia una sociedad con igualdad y justicia étnico-racial.