En 168 páginas, la Defensoría del Pueblo, presentó la Alerta Temprana, en la que, en un mapa de riesgo, señaló que en estos momentos 62 municipios requieren de una atención inmediata por presentar altos índices de riesgo electoral, con miras a las próximas elecciones. De esos 62 municipios, 12 son del departamento de Nariño, la mayoría de la costa Pacífica.
De acuerdo con lo manifestado por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, este estudio fue realizado por más de 100 analistas del organismo y concluyó que al menos 62 de los más de 1.100 municipios que tiene todo el país, requieren atención inmediata por evidente riesgo electoral, 162 requieren de atención urgente, 425 requieren atención prioritaria.
«Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías», afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Recomendaciones
En este sentido, el organismo presentó 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que apuntan a una acción coordinada y efectiva por parte de las entidades del Estado.
Una de las recomendaciones más destacada está dirigida al Ministerio del Interior, a quien se le pidió fortalecer la articulación interinstitucional y territorial, en las instancias de garantías electorales.
La Defensoría también le recomendó al Ministerio de Defensa y Fuerza Pública, que velen por la garantía de la seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
Planes de contingencia
Igualmente, el organismo le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implemente planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
La Defensoría señaló que la Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral (CNE) también deben asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.
Otra de las recomendaciones se hizo a la Procuraduría, Personerías y demás órganos de control, que deberán vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos de poblaciones en especial condición de riesgo.
Medidas diferenciales
La alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger:
• Precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias.
• Servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales.
• Defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también alertó que más del 40% de los homicidios en el país en el marco del proceso electoral 2025 y 2026 van directo a los jóvenes entre los 18 y 28 años, por causas como crisis de salud mental, estigmatización y exclusión política.
Regiones en peligro
Los 62 municipios con llamado a atención inmediata, 162 con llamado a atención urgente y 425 con llamado a acción prioritaria conforman el semáforo de riesgo de la Defensoría del Pueblo en su más reciente alerta temprana sobre riesgo electoral, de cara a los comicios de 2026. Se trata de una cifra que es más alta que la presentada por el Gobierno el pasado lunes 6 de octubre, que solo alerta sobre 104 municipios.
Catorce variables
Para la elaboración del mapa de riesgo, la Defensoría del Pueblo tuvo en cuenta 14 variables. Entre ellas, la amenaza, que agrupa las acciones armadas contra la población civil, confinamientos y desplazamientos; y los factores de capacidad y vulnerabilidad institucional, que miden la robustez del Estado para enfrentar estos peligros.
Previo a la publicación de este informe, el Gobierno —en voz del ministro del Interior, Armando Benedetti— se anticipó a los resultados y cuestionó la metodología. A fin de cuentas, estas elecciones se desarrollan en un contexto de “transformación del conflicto, cambios en la política de seguridad asociados al tercer ciclo de violencia” y bajo fuertes cuestionamientos a la política de ‘paz total’.
Se limita la democracia
Por su parte, la Defensoría advierte que las alertas sobre la permeación violenta de los procesos electorales han estado presentes durante la última década. Aunque las jornadas de votación han podido realizarse según el calendario establecido, grupos armados y organizaciones criminales “suelen restringir las libertades políticas mediante presiones, prohibiciones o permisos selectivos para realizar proselitismo, financiamiento de campañas y otras acciones que limitan el ejercicio pleno de los derechos y libertades políticas”.
TITULO (RECUADRO)
Cinco niveles de riesgo electoral en el país
De acuerdo con el informe, se clasificó los municipios según cinco niveles de acción requerida:
- Acción inmediata: 62 municipios con alto riesgo, donde se requiere la intervención más urgente del Estado.
- Acción anticipada: 162 municipios con riesgo alto y una probabilidad elevada de alteraciones al orden público.
- Acción prioritaria: 425 municipios con un riesgo sostenido que demanda seguimiento continuo.
- Acción preventiva: 216 municipios con un riesgo medio o fluctuante.
- Acción ordinaria: 257 municipios con bajo riesgo, pero que deben mantener vigilancia constante.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que este trabajo busca “identificar los puntos críticos donde la democracia necesita una respuesta institucional rápida y coordinada”. Marín insistió en que “no podemos descuidar ningún territorio del país; la democracia se defiende todos los días, y cada municipio requiere una atención proporcional al riesgo que enfrenta”.
El informe detalla que las zonas más vulnerables coinciden con regiones donde operan grupos armados ilegales y estructuras criminales dedicadas a economías ilícitas. En departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Arauca, la Defensoría ha identificado patrones de intimidación y amenazas que podrían afectar la participación ciudadana y la seguridad de los candidatos. “Estos riesgos no solo están asociados a la violencia armada, sino también a la cooptación política y al uso indebido de recursos públicos, fenómenos que distorsionan la voluntad popular”, añadió la Defensora del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al Gobierno nacional, la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública y la Procuraduría General para fortalecer la Comisión Nacional de Garantías Electorales, espacio clave para articular respuestas ante estas alertas.