Las autoridades departamentales llevaron a cabo una jornada integral de asistencia humanitaria en el municipio de El Charco, donde más de 400 familias desplazadas por el conflicto armado recibieron apoyo y acompañamiento institucional.
Recorrido
Durante tres días, el equipo de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos y el grupo de Atención Humanitaria, en coordinación con la Administración Municipal, recorrieron las veredas El Hormiguero, San Francisco, Guabillo y Guayaquil para atender a las comunidades afectadas.
La jornada incluyó la entrega de kits con alimentos no perecederos, elementos de aseo, cobijas y productos propios de la misión humanitaria, además de atención psicosocial dirigida a hombres, mujeres, niños y niñas que han vivido el impacto del desplazamiento forzado.
“Lo que vivimos fue muy duro, no queremos que se repita. Estas ayudas significan mucho y esperamos que nos sigan acompañando”, expresó Yesenia Mancilla, lideresa de la vereda El Hormiguero, reflejando el sentimiento compartido por muchas familias del territorio.
Respaldo
Desde la institucionalidad local, Joel Estupiñán, enlace municipal de víctimas, resaltó que la presencia de las autoridades en el territorio es “un respaldo esencial para las comunidades que más sufren las consecuencias del conflicto.
Esta ayuda mitiga el dolor y envía un mensaje claro: la paz es el camino y los civiles no deben seguir siendo los más afectados”, mencionó Estupiñán, quien resaltó el compromiso de las autoridades sobre la población.
Por su parte, Maritza Hidalgo, integrante del equipo de Asistencia Humanitaria, destacó que esta acción ha insistido en la necesidad de brindar acompañamiento inmediato a las familias afectadas y mantener un llamado permanente al respeto por la vida y los derechos humanos.
La jornada dejó un mensaje profundo de solidaridad y esperanza, reafirmando que la presencia del Estado en el litoral pacífico es esencial para avanzar en la construcción de paz y garantizar la protección integral de la población civil.
Esta acción humanitaria fue liderada por la Gobernación de Nariño, a través de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos y el equipo de Atención Humanitaria, con el apoyo del enlace departamental de víctimas y la Administración Municipal de El Charco.