La madre exige a Cajacopi que restituyan los servicios domiciliarios que le fueron suspendidos a su hijo con discapacidad.
Redacción Extra
En las últimas horas, Joana Hernández, usuaria de Cajacopi EPS en Villavicencio, alzó su voz frente a las instalaciones de la entidad, ubicadas en el barrio La Grama, para exigir la restitución de los servicios médicos domiciliarios que fueron suspendidos a su hijo, Johan Esteban González, un joven de 17 años con un 75% de discapacidad que depende totalmente de los cuidados de su madre y del personal asistencial.
Caso
Según relata, el pasado 5 de octubre, la funcionaria de talento humano de la IPS Universal, identificada como Claudia, le informó que la enfermería nocturna y las terapias domiciliarias habían sido suspendidas por disposición de Cajacopi. Esta decisión se tomó luego de una visita realizada el 13 de septiembre por la médica Cáterin Heredia, quien, tras evaluar al joven, concluyó que no requería atención nocturna. Sin embargo, la madre asegura que esa medida pone en grave riesgo la vida de su hijo, ya que él no puede moverse por sí mismo, utiliza pañal, necesita cambios de posición constantes, medicación hasta altas horas de la noche y vigilancia permanente para evitar episodios de ahogo.
“Mi hijo tiene una tutela integral desde 2008. Desde que nació, he luchado por garantizarle una vida digna. No es fácil cuidarlo, pesa 84 kilos y requiere atención continua. No puedo sola”, expresó entre lágrimas la madre, quien asegura que ya interpuso un incidente de desacato ante la Personería Municipal para que las autoridades de salud intervengan.
Faltas
Asimismo, denunció que, además del servicio de enfermería, su hijo lleva más de un mes sin recibir terapias ocupacionales, de lenguaje e integrales, esenciales para mantener su estado físico y emocional. “Solo quiero calidad de vida para mi hijo. No pido nada más, solo que le devuelvan lo que por derecho le corresponde”, insistió.
A través de redes sociales, se elevó un llamado urgente a la Secretaría de Salud de Villavicencio y a la Secretaría de Salud del Meta para que realicen la vigilancia y control necesarios sobre Cajacopi e IPS Universal, garantizando la continuidad de los tratamientos domiciliarios.
La señora Joana Hernández, visiblemente afectada, finalizó su intervención pidiendo apoyo a la comunidad:
“Llevo 17 años cuidando a mi hijo con amor y sacrificio. No es justo que ahora lo dejen sin la atención que necesita. Pido ayuda a Cajacopi, a las secretarías de salud y a todas las personas que puedan compartir mi caso. Mi hijo merece vivir con dignidad”.