Se ha iniciado un debate entre concejales sobre la compra de un lote que se destinaría para construir una nueva bocatoma en Ipiales.
La compra fue firmada por el Secretario de Gobierno (Juan Carlos Morales) en lugar del alcalde Amílcar Pantoja, lo que ha generado preguntas sobre la legalidad del acto administrativo.
También se cuestiona un incremento en el precio avalúo: el lote inicialmente tenía un valor más bajo, luego el valor incrementó, lo que levanta sospechas de falta de claridad o de sobrevaloración.
Hay rumores de un posible conflicto de interés porque se señala que el lote podría estar vinculado con el concejal Adrián Guerrero.
Calidad del servicio de agua y otros hallazgos fiscales
La Contraloría General de la República identificó un hallazgo fiscal de $18.855 millones de pesos en el proyecto de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y la optimización del sistema de acueducto de Ipiales.
Entre los problemas señalados: diseños incompletos, múltiples reformulaciones del proyecto, retrasos en la ejecución, deficiencias en el componente ambiental, falta de caracterización actualizada del agua cruda, y la PTAP actual no fue optimizada adecuadamente dentro del contrato.
En algunos casos, se ha cuestionado que los ciudadanos han planteado quejarse de que los “filtros” de la planta de tratamiento solo se han cambiado parcialmente y no los cinco necesarios, insiste la veeduría en que se haga una inversión real en la bocatoma para mejorar la calidad del agua.
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Implicaciones y riesgos
Estas irregularidades pueden afectar seriamente la calidad del agua que recibe la población: si la bocatoma no está bien ubicada, construida, ni diseñada, o si el agua captada no se caracteriza correctamente, puede venir contaminada o en menor cantidad.
También hay cuestiones legales sobre los procesos de adquisición del lote, la transparencia, la publicidad del proceso y posibles conflictos de interés. Si no se manejan estos procesos conforme a la ley, puede haber sanciones o paralización del proyecto.
Impacto social: la población sufre porque estos retrasos o fallas repercuten en el acceso al agua potable, en servicios públicos, en salud, y en confianza hacia las instituciones locales.
