En el municipio de Cumaral, Meta, resurgen cuestionamientos por presuntas
irregularidades relacionadas con una licencia de urbanismo otorgada en el año
2015, que habría desencadenado una serie de controversias jurídicas y
administrativas aún sin resolver. Según información extraoficial, en aquel año se
habría autorizado una licencia sobre un conjunto de predios ubicados en el sector
del barrio Funlan, los cuales posteriormente fueron objeto de medidas judiciales y
fiscales que ordenaban la suspensión de cualquier trámite o intervención sobre
dichos terrenos.
Juzgado
Sin embargo, pese a que la Fiscalía 43 solicitó al Juzgado Primero Penal de
Villavicencio suspender el poder sobre 72 predios, algunos funcionarios
municipales habrían continuado con la expedición de documentos urbanísticos
que modificaron la situación jurídica de los lotes. Entre ellos, se menciona al
entonces alcalde de Cumaral, Albeiro Cerna, y al secretario de Planeación,
Guillermo Pinto, quienes, según los señalamientos, habrían tramitado una licencia
de urbanismo que permitió cerrar y reemplazar los folios objeto de restricción,
creando nuevos registros sobre áreas públicas, incluso en zonas destinadas a
parques.
Fuentes consultadas señalan que los nuevos folios habrían sido usados
posteriormente para adelantar procesos de desalojo contra algunas familias del
sector, acciones que, al parecer, se ejecutaron sin la presencia del Ministerio
Público, lo que iría en contravía de los procedimientos establecidos. En estos
operativos figura el nombre de la inspectora Elsa María Romero Sarmiento, quien
habría participado en dichas diligencias.
Denuncias
A pesar de las denuncias y de que la investigación fue asumida desde 2022 por la
Fiscalía, el caso aún no presenta avances significativos. Habitantes de la zona
afirman que los desalojos continúan, mientras las decisiones judiciales emitidas
por antiguos funcionarios, entre ellos el exjuez Álvaro Osizo, siguen teniendo
efecto. De igual manera, la actual jueza encargada, Karina Ruiz Trujillo, habría
sido informada de las presuntas anomalías, sin que hasta el momento se
conozcan pronunciamientos oficiales al respecto.
El panorama deja en evidencia un escenario de posibles abusos administrativos y
conflictos de interés en el manejo del suelo urbano en Cumaral. Mientras tanto, la
comunidad afectada pide claridad y actuación oportuna de los entes de control
para determinar si realmente existieron irregularidades y quiénes serían los
responsables de lo que muchos consideran un ejemplo más de cómo la justicia
parece llegar tarde, o simplemente no llegar, a los municipios pequeños.