Una creciente sensación de inseguridad tiene en alerta a los habitantes del barrio Los Álamos, sector residencial y comercial ubicado en el sur de Pasto. Cansados de la presencia habitual de consumidores y vendedores de estupefacientes en calles y parques, un grupo de vecinos presentó una denuncia formal y exige a las autoridades municipales y policiales acciones urgentes para recuperar la tranquilidad.
La denuncia fue liderada por María Fernanda Paredes, y por José Alberto Muñoz, vendedor. Ambos relataron a este medio que la problemática se ha intensificado en los últimos seis meses, con puntos de venta que operan a cualquier hora y consumo a cielo abierto que afecta especialmente a niños, ancianos y comerciantes.
“Cada tarde aparecen nuevos rostros en la esquina de la carrera 8 con calle 14; venden a plena luz del día y nadie hace nada. Mis hijos ya no pueden jugar tranquilos en el parque porque hay personas consumiendo y discutiendo”, dijo con voz entrecortada María Fernanda Paredes. “Hemos llamado a la Policía varias veces, pero la presencia es eventual y, cuando vienen, los vendedores regresan a las pocas horas”, añadió.
Temor
Por su parte, José Alberto Muñoz aseguró que las ventas ilegales han golpeado su negocio: “La clientela se está yendo. La gente evita pasar por la cuadra y los vecinos nos piden que cerremos más temprano por miedo a las peleas y a las amenazas. No es vida para el barrio”.
Ante la gravedad de la situación, la comunidad presentó un escrito formal ante la Estación de Policía local y remitió copia a la Secretaría de Gobierno municipal, solicitando patrullajes más constantes, operación de inteligencia para desmantelar puntos de venta y programas de prevención orientados a jóvenes en riesgo. Además, pidieron la instalación de cámaras de seguridad en las zonas más afectadas y la recuperación del espacio público mediante actividades culturales y deportivas.
Operativos
Fuentes policiales consultadas por este medio confirmaron la recepción de la queja y señalaron que “se están analizando las denuncias ciudadanas y se programarán operativos focalizados, priorizando la protección de la comunidad y la judicialización de los responsables cuando existan elementos probatorios”. No obstante, no se ofrecieron fechas concretas para las intervenciones. Organizaciones sociales del barrio, colectivos de madres y comerciantes también apoyan el llamado y anunciaron una convocatoria a una asamblea vecinal para esta semana, con el fin de coordinar acciones conjuntas y exigir transparencia en los resultados. Entre las propuestas que plantean están los puestos de vigilancia comunitaria, la iluminación de calles y el refuerzo de programas sociales que ofrezcan alternativas a los jóvenes involucrados en el microtráfico.