El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Ungrd, salpica ahora al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, inmerso también en un gran escándalo en el tema de una contratación irregular en la venta de 80 mil botellas de licor, por un valor de 18 mil millones de pesos.
Sería esta una delicada situación que en un momento dado podría echar al suelo, la aspiración de Camilo Romero a la presidencia de la República, de cara a las elecciones que se llevaràn a cabo el 31 de mayo del próximo año.
Se trata de una delicada situación en contra del exmandatario seccional y exembajador en Argentina, Camilo Romero, la cual nace del principio de oportunidad que hizo su exasesor jurídico en la Gobernación, Pedro Rodríguez, quien es uno de los principales implicados en el enorme escándalo de la Ungrd.
Colaboración explosiva
En efecto, el enorme caso de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha comenzado a develar nombres que hasta hace poco parecían intocables.
Entre ellos, aparece el de Camilo Romero, exgobernador de Nariño (2016–2019), ex embajador de Colombia en Argentina y una de las figuras visibles de la coalición de izquierda que pretende suceder a Gustavo Petro en la presidencia, por lo cual se anticipaba que su nombre iba a figurar en la lista de precandidatos a la presidencia de la República, a los que el Pacto Histórico someterá a una consulta el próximo 26 de octubre.
Todo este giro al caso, acaba de ser propiciado por Pedro Antonio Rodríguez Melo, exjefe jurídico de Romero en la Gobernación de Nariño y posterior asesor de Olmedo López en la UNGRD, quien se acogió al principio de oportunidad ante la Fiscalía y entregó una matriz de colaboración que compromete de lleno a su antiguo jefe político.
Rodríguez no solo reconoció su participación en la entrega irregular de contratos por más de 108 mil millones de pesos en la Ungrd, sino que también detalló cómo, según él, Camilo Romero tuvo un rol determinante en permitir y facilitar ese entramado cuando aún era gobernador, y más adelante, ya como figura influyente dentro del Gobierno Petro.
Poder y favores
La relación entre Romero y Rodríguez no es coyuntural. Ambos compartieron roles clave durante la administración de Romero en Nariño, donde Rodríguez fue jefe de la Oficina Jurídica desde el 1 de enero de 2016 hasta el 4 de febrero de 2019.
Este cargo le permitió a Rodríguez tener el control total sobre los procesos de contratación. “Nada pasaba sin su visto bueno”, indicó una fuente judicial cercana al caso. Según la declaración de Rodríguez, fue Romero quien personalmente lo recomendó para llegar posteriormente a la Ungrd, como consta en chats revelados a la fiscalía donde el entonces embajador le envió su hoja de vida a Olmedo López, exdirector de la entidad y hoy detenido en una guarnición militar.
Rodríguez era, según sus propias palabras, el «abogado top» del círculo de Romero, y fue ubicado estratégicamente en la mencionada entidad garantizar que los contratos fueran aprobados sin trabas jurídicas, según afirmó a los medios de comunicación.
Contratos irregulares
Rodríguez ha declarado ante la Fiscalía que Romero tenía pleno conocimiento de los contratos irregulares que se estaban firmando desde la Ungrd, incluyendo los que estaban destinados a la reconstrucción de Mocoa, una tragedia nacional que dejó cientos de muertos y damnificados.
TITULO (RECUADRO)
Recomendados especiales
Uno de los elementos más delicados del caso es que todos los funcionarios clave que terminaron involucrados en la red de corrupción dentro de la UNGRD fueron recomendados directamente por Camilo Romero. Según confirmaron testigos e investigadores, Romero habría sido el puente político para que llegara, Luis Eduardo López, el llamado «Pastuso», quien se quedó con un contrato de 46 mil millones de pesos y, otros actores que jugaron roles específicos en el entramado de contratos irregulares.
Entre ellos se encuentra Alethia Carolina Arango, quien fue nombrada como subdirectora para la Reducción del Riesgo en la UNGRD y firmó contratos por medio billón de pesos. Arango, exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, es señalada no solo como parte activa del esquema, sino además como amiga íntima de Camilo Romero, lo cual refuerza los señalamientos sobre el uso de influencias personales para ubicar a personas de su círculo de confianza en posiciones estratégicas.
Cada uno de los recomendados de Romero habría cumplido funciones específicas dentro del esquema, según la matriz de colaboración entregada por Rodríguez a la Fiscalía. “Nada fue improvisado”, dijo una fuente cercana al caso. “Fue un entramado bien orquestado desde adentro, y quienes llegaron por Romero tenían roles definidos”.
Según el exjefe jurídico, desde la UNGRD se orquestó el desvío de recursos públicos asignados a esa reconstrucción mediante sobrecostos, direccionamientos de contratos y entrega de obras a particulares previamente pactados.
Además, Rodríguez no es el único exfuncionario cercano a Romero en la entidad. También figura Alethia Carolina Arango, quien trabajó en la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero y fue ubicada como subdirectora para la Reducción del Riesgo en la UNGRD, firmando contratos por medio billón de pesos.
TITULO (RECUADRO)
¿Enriquecimiento ilícito?
Además del escándalo en la Ungrd, el testimonio de Rodríguez también impacta directamente otro proceso en curso contra Romero: el que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la licitación para la venta de aguardiente en Nariño durante su gobernación.
Rodríguez afirmó que tiene pruebas de cómo el contrato fue direccionado para favorecer a empresarios cercanos, entre ellos Richard Portilla, quien habría entregado dinero a Romero a través de terceros.
Este señalamiento añade un componente crítico a la investigación: el posible enriquecimiento ilícito del entonces gobernador, a través de contratos amañados que implicaron desvío de recursos públicos y beneficios económicos personales.
TITULO (RECUADRO)
Cambio de escenario
Hasta hace pocos meses, Camilo Romero parecía blindado políticamente. Su nombre circulaba en las discusiones para una eventual candidatura presidencial y se desempeñaba sin mayores contratiempos como embajador en Argentina. Sin embargo, con la reciente colaboración de Rodríguez y la apertura de un nuevo frente judicial, el escenario cambia radicalmente.
Sneider Pinilla, otro testigo clave del caso, señaló que Romero fue el jefe político directo de Rodríguez, y que la relación entre ambos era lo suficientemente cercana como para sugerir que Romero no solo estaba enterado, sino que era parte estructural del entramado de corrupción.
La Fiscalía ha señalado que el material entregado por Rodríguez chats, grabaciones y documentación interna será clave para sustentar el principio de oportunidad y llevar el caso ante un juez. En esa matriz de colaboración, Camilo Romero encabeza la lista de implicados.
¿Y ahora qué sigue?
La Corte Suprema de Justicia tiene ahora en sus manos dos expedientes que podrían redefinir la carrera de Camilo Romero: su presunta participación en el saqueo de la UNGRD y las irregularidades en la licorera de Nariño. Ambos casos avanzan con pruebas testimoniales, documentales y periciales que podrían poner en riesgo no solo su futuro político, sino su libertad.
Mientras tanto, el Gobierno nacional guarda silencio frente al escándalo que ahora también alcanza al cuerpo diplomático.
Lo cierto es que, con cada nueva revelación, el entramado de corrupción en la UNGRD no solo crece en magnitud, sino también en consecuencias políticas. Y esta vez, la noche parece haberle caído al propio Camilo Romero, quien además viene siendo seriamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el implicado se está valiendo de tácticas indebidas para entorpecer el proceso en su contra, como la carencia de su abogado oficial.