Colombia es por tercer año consecutivo el país más mortal para los defensores ambientales

Según el informe de Global Witness publicado en 2025 (que cubre datos de 2024), Colombia sigue siendo el país más mortal para los defensores ambientales, con 48 asesinatos registrados, lo que representa casi un tercio de los casos mundiales.  Esto marca el tercer año consecutivo en que Colombia ocupa este lamentable primer lugar, tras haber registrado 60 muertes en 2022 y 79 en 2023, superando a otros países en cada período.

El informe señala que Colombia fue en 2024 el país con más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo, al registrar 48 casos, «un tercio de todos los ataques letales documentados» informó la ONG Global Witness.

A pesar de que el informe anual reportó «una disminución de las represalias contra las personas defensoras» frente a los 79 asesinatos registrados en 2023 en el país, la organización advirtió que esta reducción «no equivale a una disminución general de la violencia».

Según se pudo conocer, de los 48 homicidios registrados el año pasado, al menos 20 fueron campesinos y 19 personas pertenecientes a comunidades indígenas, incluidos 13 miembros de la comunidad indígena Nasa en el departamento del Cauca, precisó el reporte.

Otro punto que referencio el informe fue la impunidad ante la violencia. Global Witness señala que, en Colombia, solo el 5,2 % de los casos registrados desde 2002 «se han resuelto en los tribunales», una tendencia global que, según la organización, se debe a la «falta de sistemas judiciales que funcionen».

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La organización señaló a la producción de cultivos ilegales y el tráfico de drogas como «una causa principal de la violencia» y resaltó la «cultura del silencio» que, por miedo, lleva a pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes a no denunciar los «daños ambientales infligidos por las industrias extractivas», especialmente en zonas de conflicto y con presencia de grupos armados.

«Queda mucho por hacer para garantizar que las medidas de protección atiendan efectivamente las necesidades de las personas defensoras», afirmó en el reporte la lideresa social Jani Silva, de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA).