La grave crisis de combustibles que golpea al departamento de Nariño motivó la realización de una reunión de emergencia en Tumaco, donde participaron la Dirección Nacional de Hidrocarburos, alcaldes de la región, representantes de gremios y líderes comunitarios. El encuentro tuvo como finalidad establecer medidas inmediatas para atender el desabastecimiento, que afecta con mayor intensidad a los municipios de frontera.
El gerente de Petronar, Mario Guevara, manifestó que el panorama descrito por las comunidades es crítico: mientras el suministro legal disminuye, el contrabando aumenta de manera acelerada, y los precios del galón alcanzan cifras que resultan insostenibles para la economía local. En sectores como la vía perimetral cercana al cementerio municipal, la laguna, el barrio San Vicente y San Carlos, los llamados pimpineros ofrecen gasolina entre 25.000 y 30.000 pesos, situación calificada por la ciudadanía como “descarada” y abusiva.
Impacto
El alto costo de los combustibles ilegales repercute de forma directa en el transporte público y particular, así como en las actividades agrícolas, comerciales y pesqueras de la región. Miles de familias ven comprometida su seguridad alimentaria y su productividad ante la falta de un suministro constante y asequible de gasolina y ACPM, esenciales para sus medios de vida.
Exigencias
En el marco de la reunión, los alcaldes de los municipios de frontera reclamaron al Gobierno Nacional soluciones inmediatas, que incluyan el abastecimiento garantizado en estaciones de servicio legales y la formulación de un plan especial de distribución para Nariño, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas y socioeconómicas particulares.
Los líderes comunitarios, por su parte, exigieron mayor control frente a las mafias del contrabando y a las cadenas de especulación que intensifican la crisis. Señalaron que no puede permitirse que sean los pimpineros quienes definan el precio del combustible en Tumaco y en poblaciones vecinas.
Compromisos
El encuentro concluyó con el compromiso de articular una hoja de ruta entre el Estado y las autoridades locales, con el fin de diseñar soluciones estructurales y mecanismos de control más eficaces. No obstante, la población se mantiene a la expectativa de resultados concretos y rápidos que permitan aliviar la presión económica y social que el desabastecimiento genera en todo el departamento.
La situación, además de comprometer la movilidad y la productividad de Nariño, pone sobre la mesa la urgencia de políticas diferenciales para los territorios fronterizos, históricamente afectados por fenómenos de contrabando y vulnerabilidades en el suministro de combustibles.