La Contraloría General de la República de Colombia reveló, el 9 de septiembre de 2025, graves irregularidades financieras y administrativas en la Nueva EPS (la mayor entidad promotora de salud del país, con más de 11 millones de afiliados), tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025.
Este análisis preliminar cubrió las vigencias de 2022 a 2024 y el primer semestre de 2025, recopilando más de 4.500 archivos con información técnica, asistencial, administrativa, jurídica y financiera.
Hallazgos principales
Los hallazgos principales, que comprometen la liquidez, sostenibilidad y atención a usuarios de la EPS (intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2024), incluyen: Incremento significativo en anticipos pendientes por legalizar: Pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024 (un aumento del 155%), y alcanzaron $15,27 billones a junio de 2025 (con $6,6 billones adicionales en ese semestre). Esto eleva el riesgo de detrimento patrimonial, especialmente por anticipos de más de dos años sin legalizar, valorados en $143.000 millones.
Más detalles
Acumulación de facturas pendientes de auditoría: Hay alrededor de 22,7 millones de facturas sin procesar por un valor de $22,1 billones (de las cuales 9,1 millones son registros repetidos). El 97% de estas obligaciones no ha sido revisado, lo que genera inconsistencias contables por falta de verificación de costos, cumplimiento contractual y soportes válidos. Además, el 40% del valor pendiente ($5,2 billones) se concentra en solo 36 de más de 2.700 prestadores de salud, aumentando el riesgo fiscal.
Aumento en cuentas por pagar: Alcanzaron $21,37 billones a marzo de 2025, incluyendo $10,5 billones en anticipos y $8,7 billones en facturas pendientes, afectando directamente la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Deficiencias en reservas técnicas: Subestimación de $11,1 billones en la constitución de reservas técnicas (liquidada y no liquidada) a diciembre de 2024, con falta de soportes como autorizaciones y facturas. Esto compromete la capacidad de la EPS para cubrir obligaciones futuras.
Falencias administrativas y tecnológicas: No se aportaron soportes contractuales completos (copias, anexos y notas técnicas) para acuerdos con prestadores, incumpliendo el Decreto 441 de 2022. Además, la Nueva EPS carece de capacidad tecnológica suficiente para procesar datos de gestión de recursos en salud, pese a las exigencias normativas.
Auditoria forense internacional
Estos hallazgos preliminares indican un deterioro progresivo en la situación de la Nueva EPS, pese a la intervención gubernamental, y han generado debate político sobre responsabilidades pasadas (durante más de una década de gestión) y la necesidad de una auditoría forense internacional, ya ordenada por la SuperSalud para esclarecer el uso de recursos y responsabilidades. La Contraloría trasladará la alerta a su delegada para el sector salud para determinar acciones de control fiscal.