Dos acciones de tutela interpuestas en los últimos días han encendido las alarmas sobre la legalidad, legitimidad y transparencia del proceso de elección del Contralor Municipal de Pasto para el periodo 2026-2029. Más allá de las motivaciones individuales de quienes las han promovido, lo que realmente preocupa es el fondo de las denuncias: un proceso que, en lugar de inspirar confianza, parece diseñado para favorecer intereses particulares y repetir las viejas prácticas que la Ley 1904 de 2018 y el Acto Legislativo 04 de 2019 intentaron erradicar.
Uno de los puntos más delicados señalados en ambas tutelas es la designación directa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como entidad encargada del proceso. La ley exige que esta selección se realice mediante convocatoria pública entre instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, en un marco de objetividad y competencia abierta.
Sin embargo, el Concejo Municipal de Pasto, a través de su Mesa Directiva, decidió no hacer esta convocatoria pública y justificar la contratación con la presentación “voluntaria” de dicha universidad. Esta interpretación no solo es discutible, sino que va en contravía del espíritu de la norma, que busca evitar precisamente la cooptación de los procesos por actores políticos locales o entidades previamente cuestionadas.
Cabe recordar que esta misma universidad ha estado bajo escrutinio por irregularidades en procesos similares en Nariño y otros departamentos. Se han documentado en años anteriores presuntos casos de venta de exámenes, manipulación de puntajes y favorecimientos indebidos, lo que hace aún más preocupante su selección sin competencia ni transparencia.
Otra de las alertas que emanan de los recursos judiciales es la supuesta aparición de puntajes inusualmente altos cercanos al 100% en evaluaciones altamente técnicas y constitucionales. Si bien no se puede prejuzgar sin evidencia definitiva, la historia reciente de elecciones amañadas en todo el país invita a desconfiar.
Es legítimo preguntarse: ¿puede una evaluación tan compleja ser superada con casi perfección por múltiples aspirantes? ¿Qué controles tiene la ciudadanía sobre el diseño, aplicación y calificación de estas pruebas? ¿Quién vigila a las universidades que, supuestamente, debían ser garantes de transparencia?
Otro asunto de fondo es la presunta participación de concejales que estarían impedidos para elegir contralor, ya que se encuentran siendo investigados por la misma Contraloría Municipal. Si esto se confirma, se trataría de una clara violación a los principios de imparcialidad y de la prohibición de ser juez y parte.
Sumado a ello, se denuncia la inscripción de aspirantes con inhabilidades claras, como el caso de actuales funcionarios de control territorial que no podrían, por ley, participar en concursos similares en otra jurisdicción o dentro de plazos prohibidos.
La elección de contralores territoriales fue reformada con el objetivo de sacar la politiquería del proceso. Se estableció que universidades acreditadas conducirían los concursos bajo estándares académicos, meritocráticos y públicos. Pero esa buena intención está siendo, en la práctica, subvertida.
Hoy, en lugar de asambleas y concejos eligiendo “a dedo”, vemos universidades que se prestan para lo mismo, pero con apariencia de legalidad. La figura de las pruebas, entrevistas y hojas de vida parece haber sido cooptada por quienes ya tenían la fórmula: controlar el proceso desde el inicio, designando de manera arbitraria a la entidad evaluadora y manipulando los filtros.
Ambas tutelas coinciden en la solicitud de una medida provisional urgente: la suspensión del examen programado para el 29 de agosto. No se trata solo de proteger derechos individuales, sino de evitar un daño institucional irreversible. Si este proceso continúa con las irregularidades actuales, se corre el riesgo de tener un contralor ilegítimo, elegido en un proceso viciado, con consecuencias jurídicas y políticas para el municipio.
Pero más allá de la suspensión, lo que se necesita es una revisión integral del proceso, con acompañamiento de órganos de control y veedurías ciudadanas. Debe volverse a la legalidad: realizar una convocatoria pública para seleccionar la universidad, garantizar pluralidad de oferentes, revisar la idoneidad de los aspirantes y verificar las posibles inhabilidades de los electores.
En un país donde los recursos públicos se desangran por la corrupción, el papel de los contralores municipales es fundamental. Si su elección se convierte en un botín político más, entonces estamos desmantelando uno de los pocos mecanismos reales que tiene la ciudadanía para vigilar a los gobernantes.
Pasto merece un proceso limpio. No más concursos manipulados ni universidades al servicio de intereses oscuros. Las alarmas están sonando. Ahora, le toca a la justicia responder con firmeza.