Denuncian presiones del ICBF en caso de abuso infantil en Bogotá
El caso de abuso infantil en Bogotá ocurrido en un jardín infantil de la localidad de San Cristóbal sigue generando controversia. Esta vez, por presuntas presiones de Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Margie Espinel, madre y vocera de las víctimas.
Directora del ICBF habría ofrecido ayudas personales para silenciar denuncias
Espinel denunció que la directora del ICBF le ofreció “apoyos personales” con el fin de callar sus declaraciones públicas sobre el caso. Según la madre, los ofrecimientos incluyeron:
- Un viaje para “conocer el mar”.
- Transferencias de dinero a través de una cuenta bancaria.
- Un posible empleo dentro del ICBF.
Estos hechos habrían ocurrido el 8 de mayo de 2025 durante una reunión privada, en presencia de la pareja de Espinel, quien corroboró los testimonios ante la revista Semana.
“Tú necesitas un respiro”: el intento de disuadir a la vocera
Espinel relató que Cáceres le insistió en que se alejara del foco mediático. Según su testimonio, la funcionaria le dijo:
“Tú ahorita estás mal, necesitas darte un respiro… ¿por qué no te vas de viaje?”
Además, ante comentarios sobre sus dificultades económicas, la directora respondió que el dinero no era un problema y que ella misma cubriría esos gastos.
Comunicaciones por WhatsApp confirman ofrecimientos
Semana accedió a mensajes enviados por Astrid Cáceres entre el 11 y el 17 de mayo, donde reitera sus ofrecimientos “personales”. En uno de los textos, afirma:
“Mis apoyos personales, que les dije, siguen en pie… no como ICBF, sino como yo”.
Espinel cuestionó que estos ofrecimientos se hicieran mientras el ICBF —institución encargada del jardín infantil donde ocurrieron los hechos— pretende ahora declararse víctima en el proceso judicial.
Avanza proceso contra el presunto abusador
Mientras tanto, el proceso penal contra Freddy Castellanos, presunto abusador de los menores del jardín infantil Parque el Canadá, continúa. La defensa ha solicitado la nulidad del caso, lo que podría prolongar el juicio.
La denuncia por parte de Espinel pone en duda la ética institucional del ICBF y reabre el debate sobre el manejo de los casos de abuso infantil en Bogotá por parte de las entidades responsables de proteger a los menores.