La reciente condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez reabre un debate profundo sobre el equilibrio y la coherencia de la justicia colombiana. El Consejo Superior de la Judicatura, consciente de la relevancia y el impacto de este caso, ha creado cargos transitorios de magistrados adjuntos para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pueda fallar en segunda instancia antes de que el proceso prescriba. Todo ello en un clima político y judicial cargado de tensiones.
Nadie está por encima de la ley, y todo servidor público debe responder por sus actos. Sin embargo, resulta difícil ignorar la paradoja: mientras un exmandatario que lideró la lucha contra las guerrillas es tratado con el rigor máximo del sistema judicial, excomandantes guerrilleros responsables de secuestros, asesinatos y atentados masivos no han pagado un solo día de cárcel gracias al acuerdo de paz y la Justicia Especial para la Paz (JEP). Más aún, varios de ellos hoy ocupan curules en el Congreso o cargos de relevancia nacional.
¿Es esta la justicia que necesita Colombia? ¿Un sistema que parece inflexible con quienes, nos guste o no, desempeñaron un papel en la defensa institucional, pero benevolente con quienes sembraron terror durante décadas? Este contraste erosiona la confianza ciudadana y transmite el mensaje de que la ley no se aplica con el mismo rasero para todos.
La justicia no solo debe ser imparcial, sino también percibida como tal. Si el castigo se concentra en unos y la indulgencia en otros, se debilita la legitimidad de las instituciones y se profundiza la polarización. En un país que busca reconciliación, la equidad en la aplicación de la ley debería ser el pilar fundamental. De lo contrario, la justicia se convierte en un instrumento político más que en un verdadero garante de la verdad y la reparación.