Procuraduría advierte improvisación y riesgo en contrato de pasaporte

Procuraduría advierte improvisación y riesgo en contrato de pasaporte

La Procuraduría realizó dos visitas administrativas a la sede de la Imprenta Nacional en Bogotá. El objetivo: revisar la capacidad de la entidad para imprimir pasaportes y analizar el convenio firmado con la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal. Los resultados fueron preocupantes. Procuraduría advierte improvisación y riesgo en contrato de pasaporte.

Durante las inspecciones, el ente de control encontró documentos sin sustento técnico, respuestas vacías de parte de funcionarios clave y ausencia de planificación financiera. Según el procurador Marcio Melgosa, la entidad proyectó vigencias futuras hasta 2036 sin aprobación del CONFIS ni documento CONPES.

Riesgo alto para expedición de pasaportes

La falta de preparación técnica y administrativa en la Imprenta Nacional podría poner en riesgo la expedición de pasaportes a partir del 1 de septiembre de 2025. La Procuraduría advirtió que la entidad no está lista ni para imprimir ni para elaborar las libretas.

Impresión de pasaportes sigue en riesgo por falta de planeación del Gobierno Petro con el nuevo modelo de impresión de pasaportes.

Además, no hay actas de Junta Directiva que respalden el acuerdo. La gerente Viviana León no entregó respuestas claras ni documentos que justifiquen el proceso. Esto podría afectar el derecho de los colombianos a obtener su pasaporte de forma oportuna y segura.

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Nuevo modelo institucional en el ojo del huracán

El Gobierno Petro insiste en implementar un nuevo modelo estatal para la impresión de pasaportes. Según la Casa de Nariño, la idea es fortalecer el rol público en la expedición de documentos de viaje. Sin embargo, la Procuraduría cuestiona la viabilidad del cronograma oficial.

Firma de Convenio de pasaportes con Portugal.

Según datos recopilados por el ente de control, la Imprenta Nacional necesitaría entre 25 y 35 semanas para empezar operaciones después de firmado el convenio. El plazo que exige el Gobierno —inicio en septiembre de 2025— no se ajusta a esa realidad técnica.