En mayo de 2024, en la localidad pampeana de Lonquimay, a unos 600 km al oeste de Buenos Aires, el inspector Cristian Martín Galván, jefe de la subcomisaría local, organizó su boda en un salón a solo una cuadra de la dependencia policial. Lo insólito: ordenó que cuatro detenidos a su cargo salieran de la comisaría para cocinar asado, servir como mozos y encargarse de la limpieza del salón, todo sin custodia formal ni autorización judicial según la investigación.
Después de la fiesta, los internos regresaron caminando por sus propios medios a sus celdas sin que se registrara ninguna fuga. Según testimonios judiciales, uno dijo haber cocinado el cordero, otro que sirvió el almuerzo, y varios admitieron haber limpiado el salón después del evento.
La causa judicial se centró en abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El fiscal Guillermo Sancho destacó que el comisario “tuvo suerte de que ninguno se escapara”, y remarcó que no existía autorización legal para liberar a los detenidos temporalmente.
Durante el juicio, Galván alegó que se trataba de una interna policial y denunció un posible complot en su contra, mientras que varios testigos y vecinos implicados desmontaron su versión formal. A pesar de negar los hechos, la evidencia y los testimonios confirmaron que los presos sí participaron activamente en la boda.
Finalmente, en julio de 2025 fue condenado por abuso de autoridad, recibiendo una pena de 15 meses de prisión en suspenso. La sentencia ratificó que se trató de un uso indebido de su cargo para fines personales.
El caso desató indignación social y críticas en redes, cuestionando no solo la ética del funcionario sino también la facilidad con la que se infringieron normas de detención y custodia. Usuarios compararon el hecho con prácticas de coerción y degradación institucional, generando un amplio debate sobre la responsabilidad de quienes ostentan poder público.