Bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia, un nuevo grupo de aproximadamente 200 presos colombianos fue deportado desde Ecuador hacia Colombia durante la tarde del martes 29 de julio, a través del Puente Internacional de Rumichaca, en la ciudad fronteriza de Ipiales, Nariño.
La información fue confirmada por el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, quien explicó que los privados de la libertad fueron recibidos por autoridades colombianas como la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y representantes de la administración local. Este segundo contingente se suma a los más de 300 deportados durante el fin de semana anterior, como parte de una estrategia del gobierno ecuatoriano para reducir la sobrepoblación carcelaria.
Los deportados, entre hombres y mujeres, cumplían penas por delitos como homicidio, narcotráfico, terrorismo, abuso sexual, tráfico de armas, secuestro y hurto, entre otros. Muchos de ellos aún no habían alcanzado a cumplir el 50 % de su condena en las cárceles del vecino país.
El operativo hace parte del plan anunciado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien informó la deportación de hasta 1.000 ciudadanos colombianos como parte de un proceso para aliviar la crisis penitenciaria que atraviesa su país. La medida, sin embargo, ha sido cuestionada por la Cancillería colombiana, al tratarse de una decisión unilateral y sin comunicación previa oficial.
En esta segunda fase del proceso, los reclusos fueron trasladados desde centros penitenciarios ubicados en Ambato, Carchi, Imbabura y Napo. Posterior a su paso por la frontera, fueron conducidos en buses hacia ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Armenia y Pereira, donde continuarán su proceso judicial bajo custodia del sistema penitenciario colombiano.
“Hemos activado un plan de contingencia y refuerzo de la Fuerza Pública en Ipiales para garantizar el orden durante este operativo de retorno. Esperamos que el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño se mantenga en futuras deportaciones”, indicó el alcalde Pantoja.
La Defensoría del Pueblo también hizo presencia activa en el sitio, brindando asesoría jurídica, acompañamiento humanitario y orientación a los connacionales. “Desde la frontera estamos garantizando los derechos de quienes retornan al país, en medio de un proceso que debe seguir los lineamientos del respeto a los derechos humanos”, precisó la entidad en un comunicado.
Con este nuevo grupo, ya son más de 500 los presos colombianos repatriados desde Ecuador. Se espera que las deportaciones continúen durante los próximos días hasta completar la cifra anunciada por las autoridades ecuatorianas.
