La campaña política que Colombia vive en estos momentos de cara a las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República, no es la misma desde la tarde del sábado 7 de junio, cuando se atentó contra la vida del senador y precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay.
Nos referimos a un hecho que prendió todas las alarmas en el país, puesto que esos disparos contra el congresista nos remontaron a las aciagas épocas de las décadas de los 80 y los 90, en las que fueron asesinados los candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, una etapa que creíamos superada, pero que ahora, de manera abrupta volvemos a revivir.
Entonces, el interrogante obligado es, ¿los candidatos al Congreso y la presidencia de la República, cuentan en estos momentos con las suficientes garantías para poder realizar sus campañas en las diferentes zonas del país.
SÍ nos atenemos a las delicadas situaciones de orden público que atraviesan muchos de nuestros departamentos como el Cauca, el Valle del Cauca, Nariño, los Santanderes, la respuesta tendría que ser no. Allí la gran problemática que origina la violencia son los grupos armados ilegales, los que aparecen como las amenazas más grandes para que en estas zonas, los procesos democráticos que se avecinan, sean sensibles a la intimidación al elector, en detrimento de la transparencia electoral.
En ese sentido, debemos decir, qué, aquí en nuestro departamento de Nariño, nos sentimos muy preocupados ante los episodios de violencia que se vienen registrando en diferentes zonas, tanto de la cordillera, como de la costa Pacífica, lo que se debe a una alta presencia de grupos y organizaciones al margen de la ley.
Se trata de una situación que desde ya nos produce una profundad inquietud, puesto que nos muestra que en municipios, como Cumbitara en la cordillera y en la mayoría de los municipios de la costa Pacífica de Nariño, los múltiples hechos de alteración de orden público, en los que los enfrentamientos han dado lugar a desplazamientos y confinamientos, no garantizan bajo ningún punto de vista que se puedan llevar a cabo unos comicios con transparencia, no solo en Nariño, sino en varias zonas del país, lo que sería una gran amenaza para nuestra democracia.
Por lo pronto, las alarmas están actividades y nos llama mucho la atención, lo expresado por la directora de la Misión de Observación Electoral-MOE-Alejandra Barrios, quien acaba de manifestar que son varias las zonas del país, en las que en estos momentos no se podrían realizar las elecciones, porque no existen las garantías que se requieren.
Lamentable que el atentado contra el senador Miguel Uribe haya sido el punto de partida para que el panorama de las actuales campañas políticas haya pasado de una relativa tranquilidad, a una gran inquietud y alarma, que en estos instantes tiene trabajando horas extras a la Unidad Nacional de Protección-UNP-y, por lo tanto, mueva a que se comiencen a tomar medidas especiales de seguridad por parte de las autoridades.
Por ello, esperamos que el anuncio que acaba de hacer el Gobierno Nacional en el sentido del despliegue de más de mil hombres de las fuerzas de seguridad del Estado y 500 vehículos para la protección de precandidatos presidenciales y aspirantes al Congreso de la República, sea una realidad, puesto que como están las cosas, es hora de comenzar a blindar las elecciones.