Entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo ha documentado 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 25 homicidios de personas firmantes de paz y 34 masacres que han dejado un saldo de 116 víctimas fatales.
Estas cifras se suman a la dramática estadística que registra la entidad desde la implementación del Acuerdo de Paz: entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2025, se han documentado 1.577 asesinatos de líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional.
Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor parte de estos hechos victimizantes, lo que evidencia la persistencia de dinámicas de violencia en territorios estratégicos donde confluyen diversos intereses económicos, políticos y criminales.
La Defensoría del Pueblo reitera que cada vida arrebatada de forma violenta representa una amenaza directa a la democracia y la construcción de paz en Colombia. Por ello, exige al Estado colombiano la implementación de garantías reales y efectivas para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz.
La institución nacional de derechos humanos continuará monitoreando la situación de derechos humanos en estos territorios a través de sus alertas tempranas y hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas integrales de protección, prevención y garantía de no repetición.
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La Corte Suprema condenó a prisión al exgobernador del Putumayo
Jimmy Harold Díaz Burbano fue acusado de delitos como concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor de terceros
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años y 11 meses de prisión al exgobernador de Putumayo y exrepresentante a la Cámara, Jimmy Harold Díaz Burbano, por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación. Además, Díaz Burbano tendrá una inhabilidad perpetua de derechos y funciones públicas.
Según el material probatorio, durante 2015, Díaz Burbano, quien era mandatario de Putumayo, llegó a un acuerdo para integrar una organización delictiva dedicada al a extracción y comercialización ilícita de minerales. La Corte reveló que el fin de esta estructura era “mantener una relación comercial y convenir la explotación de yacimientos de oro en los ríos Caquetá y Putumayo”. Por estos hechos, infringió la ley contra el medio ambiente y los recursos naturales.
“En el proceso se demostró que, a pesar de tu procedencia ilícita, el exmandatario le compró oro por lo menos en tres oportunidades al líder de esa organización, que se ocultaba bajo el ropaje de una asociación legalmente constituida”, declaró la alta Corte.
Por estas actividades, el tribunal consideró que la conducta fue sumamente grave por las implicaciones que tuvo. El exgobernador desistió de su cargo y se alió con el jefe de la organización criminal, brindando protección, patrocinio y asegurar réditos financieros de la minería ilegal de oro.