La Contraloría General de la República, bajo la dirección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, reportó un presunto detrimento fiscal superior a los $1.466 millones en la EPS Indígena Mallamás, tras una auditoría que evidenció posibles inconsistencias financieras relacionadas con pagos no autorizados a miembros de su Junta Directiva.
Según el informe oficial, la entidad habría realizado desembolsos que incluían viáticos y otras compensaciones económicas, a pesar de que los estatutos internos prohíben expresamente cualquier tipo de remuneración para quienes ejercen dichos cargos. Esta situación, calificada como un hallazgo con posible alcance fiscal, comprometería directamente recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Irregularidades
La investigación adelantada por la Contraloría encontró que dichos pagos fueron autorizados directamente por la Gerencia General de la EPS, sin que existieran los debidos soportes documentales que justificaran su legalidad, necesidad o beneficio institucional. En algunos casos, los montos entregados correspondían incluso a sumas diarias equivalentes a un salario mínimo legal vigente, lo cual genera serios cuestionamientos sobre el uso de los recursos.
Además, el informe señaló la ausencia de controles internos eficaces, que hubieran permitido prevenir, advertir o detener estas prácticas a tiempo. Esta debilidad institucional, según el ente de control, podría haber facilitado el uso inadecuado de dineros públicos destinados a garantizar el aseguramiento en salud de comunidades indígenas, especialmente en territorios con enfoque diferencial.
La Contraloría advirtió que los hallazgos detectados podrán derivar en procesos sancionatorios, disciplinarios o judiciales, dependiendo del análisis que realicen las autoridades competentes. En ese sentido, se reiteró la urgencia de aplicar criterios de eficiencia, transparencia y legalidad en la administración de los recursos del sistema de salud, con especial atención en las entidades que atienden poblaciones vulnerables.