El expresidente Álvaro Uribe Vélez compareció este lunes ante el Juzgado Cuarto Penal de Conocimiento de Bogotá para presentar su alegato de conclusión en el juicio que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La diligencia, que se extenderá por dos días, marca la etapa final de un proceso que comenzó formalmente en 2019.
“Imagínese los años que yo tengo y es la primera vez que tengo esta experiencia”, expresó Uribe al iniciar su intervención. Lo acompañaron su esposa, Lina Moreno, y varios miembros del partido Centro Democrático. El exmandatario estructuró su defensa en nueve puntos, entre ellos críticas a la actuación de la fiscal del caso, Marlene Orjuela, y aclaraciones sobre su relación con su exabogado Diego Cadena.
Uribe aseguró que nunca autorizó a Cadena a contactar testigos de manera irregular, y que de haber conocido sus acciones, se lo habría impedido, “así fuera humanitario”. El exsenador lamentó que su exdefensor haya guardado silencio durante el juicio, limitando la posibilidad de aclarar hechos clave.
Fiscalía pide fallo condenatorio
La Fiscalía General de la Nación fue enfática en su solicitud de condena contra Uribe, argumentando que existen pruebas concluyentes que lo vinculan como determinador de los delitos imputados. El ente acusador citó los artículos 453, 444A y 444 del Código Penal para sustentar su solicitud.
“El ciudadano Álvaro Uribe Vélez debe ser declarado penalmente responsable de los hechos, conforme a la evidencia presentada durante estos cinco meses de juicio”, sostuvo la Fiscalía en su intervención final.
Posible fallo en las próximas semanas
La jueza Sandra Heredia deberá emitir un fallo antes de octubre, teniendo en cuenta que el caso prescribe en octubre de 2025, según los términos legales aplicables. La indagatoria rendida por Uribe en octubre de 2019 fue considerada como equivalente a una imputación, interrumpiendo así el conteo normal de prescripción.
Entre los puntos que Uribe continuará desarrollando el martes se incluyen aspectos como sus “intereses personales”, el análisis de interceptaciones telefónicas, y el episodio en la cárcel La Picota, en donde se habría intentado influir en testigos.
El país espera con atención el desenlace de un caso judicial sin precedentes en Colombia: el primer juicio penal que enfrenta un expresidente de la República.