El representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, enfrentará un proceso judicial por presunta gestión indebida de contratos públicos, luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda que busca su destitución.
La acción fue interpuesta por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y se centra en presuntos actos de tráfico de influencias. El demandante argumenta que Racero habría intervenido indebidamente ante el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para ubicar a personas cercanas a él en cargos por prestación de servicios, especialmente en el departamento del Cesar.
Entre las pruebas presentadas figuran audios, chats y videos revelados por el periodista Daniel Coronell, en los cuales Racero solicita al entonces director del SENA, Jorge Londoño, gestionar contratos y facilitar el contacto de su tío con el director regional de la entidad. Incluso, en una de las conversaciones, describe una “estrategia de tres etapas” para ubicar aliados políticos en posiciones directivas y luego asegurar su permanencia mediante procesos de selección.
La admisión de la demanda fue confirmada mediante un auto fechado el 2 de julio de 2025, firmado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, quien determinó que se cumplían los requisitos legales exigidos por la Ley 1881 de 2018. Como parte del procedimiento, se ordenó notificar al congresista para que pueda responder en un plazo de cinco días, aportar pruebas y solicitar diligencias probatorias.
Investigaciones paralelas y otras denuncias
El caso no solo tiene implicaciones en el ámbito disciplinario. La Procuraduría General de la Nación ya abrió una indagación previa contra Racero y Londoño, buscando establecer si sus actuaciones incurrieron en prácticas clientelistas o vulneraron el régimen de inhabilidades. Además, la Corte Suprema de Justicia evalúa si procede abrir una investigación penal por posible tráfico de influencias.
A esto se suman otras controversias que han salpicado al congresista, como las denuncias por presuntas condiciones laborales irregulares en una empresa familiar de productos agrícolas (fruver), donde se le escucha en grabaciones ofreciendo empleos sin contrato, salarios inferiores al mínimo y jornadas extenuantes. Aunque Racero aseguró que todo se trata de un intento de desprestigio, no desmintió el contenido de los audios.
Este proceso podría desembocar en la pérdida de investidura de Racero, también conocida como “muerte política”, una sanción irreversible que le impediría ocupar cargos públicos de elección popular.