Fiscalía General de la Nación dio un paso importante en la investigación por la desaparición de un joven ocurrida en el municipio de Ricaurte, en el suroccidente de Nariño, con la judicialización de Anastasio Lombana García, quien habría tenido un papel clave en los hechos ocurridos el 7 de agosto de 2022.
De acuerdo con las indagaciones adelantadas por un fiscal seccional, Lombana García sería el conductor del vehículo en el que la víctima fue trasladada tras ser detenida en un puesto de control rural, ubicado en la vereda Ospina Pérez. La intervención se produjo luego de que al joven, quien se movilizaba en una motocicleta, se le hallara presuntamente una sustancia estupefaciente durante una inspección de rutina.
Posteriormente, el detenido fue conducido presuntamente por Lombana García hasta la estación de Policía del municipio. Fue allí donde, según la versión de las autoridades, el joven habría intentado escapar, y en medio de su huida se escucharon disparos realizados por los uniformados con el fin de disuadirlo. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de su paradero.
La Fiscalía ha revelado que ni los funcionarios de la estación ni Lombana García ofrecieron información coherente sobre lo ocurrido después del incidente. Además, el hoy procesado habría simulado colaborar en la búsqueda del joven y omitido detalles relevantes que podrían haber ayudado a esclarecer su destino.
Frente a estos hechos, la Fiscalía imputó a Lombana García el delito de desaparición forzada, el cual no fue aceptado por el señalado durante la audiencia de imputación. No obstante, el juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial.
La captura del presunto implicado se realizó en el barrio Juan Pablo II de Villavicencio (Meta), en una operación conjunta entre agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), miembros del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida por las autoridades competentes.
Este nuevo avance en el caso reabre interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios policiales involucrados y plantea nuevas exigencias de justicia por parte de los familiares del joven desaparecido, quienes han exigido desde el primer momento una investigación transparente y resultados concretos.
La desaparición de este joven ha generado conmoción en la comunidad de Ricaurte y sus alrededores, en un contexto donde las denuncias por presuntos abusos de autoridad continúan siendo motivo de preocupación para organizaciones de derechos humanos.