La Fiscalía General de la Nación presentó cargos en contra de Amparo del Carmen Oliva Ortega, una mujer de 62 años, quien fue sorprendida por las autoridades almacenando, de manera irregular, gas y combustibles líquidos de origen ecuatoriano en una vivienda del municipio de Ipiales. El caso, que genera preocupación por el aumento del contrabando en esta zona de frontera, resalta también los riesgos a la seguridad ciudadana que implica el manejo inadecuado de sustancias inflamables en áreas residenciales.
Hallazgo
La judicialización de Oliva Ortega se dio tras un operativo conjunto liderado por un fiscal seccional, en el cual participaron funcionarios del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), uniformados de la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN, y el Ejército Nacional. En el procedimiento, las autoridades hallaron nueve cilindros de gas, de los cuales seis estaban llenos; 41 canecas plásticas con gasolina ecuatoriana y 53 galones de hidrocarburos almacenados en bidones.
Durante el allanamiento, las autoridades exigieron la presentación de documentos que respaldaran la legalidad del ingreso y tenencia del combustible. Sin embargo, la mujer no contaba con ningún tipo de soporte legal, lo cual constituye una violación a las normas aduaneras y de transporte de hidrocarburos en Colombia.
Audiencia
En la audiencia de imputación, la Fiscalía acusó a la implicada por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados, contemplado en el Código Penal colombiano. Pese a la gravedad de los hallazgos, la mujer no aceptó los cargos. El juez de control de garantías, tras analizar el caso, le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, considerando su edad avanzada y las condiciones particulares del proceso.
Este caso no es aislado. La vivienda ya había sido intervenida por las autoridades en enero de este año, luego de que vecinos del sector presentaran denuncias ante el constante olor a combustible y la circulación sospechosa de personas y vehículos. En esa ocasión, las autoridades también encontraron evidencia de almacenamiento ilegal, aunque no se concretó una judicialización en ese momento. La reincidencia, sumada a la cantidad de material encontrado ahora, refuerza las sospechas sobre una posible red de distribución de combustible de contrabando.
Los residentes del sector manifestaron su preocupación por los riesgos que representa esta práctica. “Tememos que algún día haya una explosión. Acá hay niños, adultos mayores, y la mayoría de casas son en su mayoría de materiales livianos. Eso puede acabar con todo el barrio”, expresó una habitante de la zona, quien prefirió no revelar su nombre.