La reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre la entrega de una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente durante las próximas elecciones ha encendido el debate jurídico en el país.
Según el mandatario, esta iniciativa busca dar voz directa al pueblo para avanzar en reformas estructurales, considerando que el Congreso ha empezado a cumplir ,según él, con “el mandato popular expresado en las calles”.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, la propuesta del presidente Petro de incluir una papeleta adicional en las elecciones de 2026 para consultar sobre una Constituyente no es viable desde el punto de vista legal ni constitucional.
“El orden constitucional vigente establece que para convocar una asamblea constituyente se requiere una ley aprobada por mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso. Esa ley debe tener un control previo de constitucionalidad y definir el periodo, la composición y el tema que va a abordar la Asamblea”, explicó Charry.
Papel de la Registraduría
Respecto al papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Charry precisó que esta entidad no tiene entre sus funciones la potestad de incluir consultas de este tipo sin una ley que así lo ordene. Por tanto, si se llegara a dar la instrucción de repartir una papeleta sin que exista la ley respectiva, se trataría de un acto administrativo sin respaldo constitucional, que pondría a la Registraduría en una posición jurídica comprometida.
