Por primera vez en la historia legislativa del país, un proyecto de ley enfocado exclusivamente en los derechos de las personas trans ha superado un primer debate en el Congreso. En una jornada cargada de tensión y esperanza, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó 45 de los 50 artículos que componen la Ley Integral Trans, a escasas horas del cierre del actual periodo legislativo.
Este avance marca un hito para la población trans en Colombia, históricamente marginada y violentada, al poner sobre la mesa una agenda legislativa que busca garantizarles reconocimiento, dignidad y protección estatal. El proyecto, bautizado en memoria de Sara Millerey, mujer trans asesinada brutalmente en Bello (Antioquia), contiene medidas que abarcan desde el derecho a la identidad hasta la reparación frente a la violencia sistemática.
Un camino legislativo sin precedentes
La iniciativa, liderada por más de cien organizaciones agrupadas en la Plataforma Ley Integral Trans Ya, busca ser más que una reforma normativa: propone un cambio estructural en el modo en que el Estado colombiano entiende y atiende a las personas con identidades de género diversas. El texto aprobado contempla garantías para modificar nombre y componente de sexo en documentos oficiales sin requerir procesos judiciales, exoneración del servicio militar obligatorio y visibilidad estadística para la formulación de políticas públicas diferenciales.
El proyecto también plantea políticas integrales en áreas como educación, empleo, vivienda y desarrollo rural. Incorpora la noción de interseccionalidad, reconociendo que la discriminación se agrava cuando convergen otras condiciones como la discapacidad, la pertenencia étnica o el desplazamiento forzado.
Protección frente a la violencia estructural
Uno de los ejes centrales de la ley es la protección frente a la violencia, tanto en el ámbito público como privado. Se incluyen medidas frente al desplazamiento por prejuicio, la exclusión familiar, la estigmatización social y la violencia institucional. Además, se propone tipificar como agravante el transfeminicidio, junto con el travesticidio y otros crímenes por identidad de género diversa, dentro de la categoría de homicidios por prejuicio.
Para Juli Salamanca, activista transfemenina, este avance representa mucho más que un logro normativo: “Es la primera vez que el Congreso nos escucha. Estamos abriendo camino para una Colombia que reconozca nuestras vidas. No pedimos privilegios, pedimos vivir con dignidad”.
El derecho a existir, sin patologización
Uno de los pilares de esta ley es su enfoque despatologizador. En pa labras de Ian Arias
Esta postura está en consonancia con la más reciente actualización de la Organización Mundial de la Salud, que eliminó la disforia de género de su lista de trastornos mentales, reconociendo la diversidad de género como parte de la salud sexual y no como una patología.
Violencia que persiste, derechos que aún se niegan
A pesar del avance, cinco artículos fueron eliminados durante el debate. Entre ellos, disposiciones relacionadas con el acceso a la salud y la seguridad social, así como protecciones específicas para personas trans que ejercen trabajo sexual, practican deportes o participan en espacios culturales. Estas decisiones fueron impulsadas por sectores conservadores del Congreso, que argumentaron preocupaciones sobre menores de edad, a pesar de que la Corte Constitucional ya ha fallado en favor de sus derechos.
De fondo, sin embargo, persiste un contexto alarmante. En lo corrido del año, según datos del observatorio Caribe Afirmativo, al menos 45 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia, 19 de ellas con identidades trans. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la expectativa de vida de una mujer trans en la región ronda apenas los 35 años. «Cada semana estamos enterrando a alguien. El Estado no puede seguir mirando para otro lado», enfatizó Salamanca.
Una victoria parcial, pero profundamente simbólica
Aunque el proyecto aún debe superar tres debates más —uno en plenaria de la Cámara y dos en el Senado—, su aprobación inicial ha sido leída como un triunfo social sin precedentes. La directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, calificó este avance como “una victoria necesaria en medio de la exclusión cotidiana”. Subrayó que el solo hecho de que activistas trans participaran y fueran escuchadas en el Congreso ya representa un quiebre simbólico en la política nacional.
La Ley Integral Trans representa un acto de reparación y reconocimiento en un país donde la diversidad ha sido por décadas silenciada o castigada. Su camino legislativo apenas comienza, pero la fuerza de quienes la respaldan deja claro que la discusión sobre los derechos de las personas trans ha llegado al centro del debate público. Y esta vez, no será ignorada.